Myrna Faria, una exempleada del Seguro Social, fue hallada culpable de robar $1.8 millones mediante el uso de identidades de personas fallecidas. Este escándalo, que ha conmocionado a Puerto Rico, se desarrolló a lo largo de un juicio federal que culminó con el veredicto de culpabilidad tras una semana de deliberaciones. Faria, también conocida como Myrna Oliveras Santiago, había trabajado durante 28 años en la Administración del Seguro Social (SSA), lo que le otorgó acceso privilegiado a los sistemas de la agencia.
Un fraude monumental
Según la Fiscalía, Faria malversó y robó aproximadamente $1,812,455.10 en fondos del SSA. Los beneficios fraudulentos incluían pagos de jubilación, beneficios para sobrevivientes y pagos auxiliares. La acusada presentó y aprobó 13 reclamaciones a nombre de personas que ya habían fallecido, lo que indica un nivel alarmante de premeditación y conocimiento del delito. Sharon MacDermott, agente especial a cargo de la investigación, destacó que “la Sra. Faria aprovechó su posición en la Administración del Seguro Social para su beneficio personal”.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del SSA, quienes recolectaron evidencias que corroboraron las acusaciones de fraude postal y robo de identidad agravado. Faria enfrenta un total de 17 cargos criminales en su contra, lo que incluye robos de propiedad del gobierno y un uso indebido de números de seguro social.
La sentencia y el impacto en la comunidad
Myrna Faria conocerá su sentencia el 29 de septiembre ante la jueza de distrito. Este caso es un recordatorio del riesgo que corren los fondos federales, especialmente aquellos destinados a programas críticos como el Seguro Social. Con el robo de identidad y el fraude siendo problemas en aumento, la Fiscalía ha enfatizado la importancia de establecer unidades antifraude para proteger el dinero de los contribuyentes.
El escándalo ha generado reacciones de indignación entre los ciudadanos, quienes ven este acto como una traición a la confianza pública. La comunidad de Puerto Rico, que ya enfrenta desafíos económicos significativos, se siente aún más preocupada por la posibilidad de que fondos destinados a ciudadanos vulnerables sean mal utilizados por personas en posiciones de poder.
La situación plantea preguntas sobre la supervisión dentro de la Administración del Seguro Social y cómo se pueden prevenir futuros abusos. La Fiscalía continúa abogando por una mayor transparencia y mecanismos de control para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro, asegurando que la justicia prevalezca en estos casos de fraude que afectan a la comunidad en general.
Este caso de Myrna Faria es un claro ejemplo de cómo se puede abusar de la confianza en el sistema, y pone de relieve la necesidad urgente de reformas en la gestión de los beneficios públicos para proteger a los ciudadanos de abusos similares en el futuro.
Fuentes: Primera Hora, Telemundo PR, justice.gov
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