Las inhibiciones que deben observar los funcionarios públicos cuando enfrentan un posible conflicto de interés tienen que quedar registradas por escrito y ser remitidas a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), entidad encargada de evaluar y pasar juicio sobre esos asuntos.
Así lo advirtió la exdirectora de la OEG, Zulma Rosario, quien señaló que omitir este procedimiento podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012). Rosario enfatizó que las disposiciones legales son claras y que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con los mecanismos de inhibición establecidos para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana.
Las expresiones de la exfuncionaria surgen en el contexto de cuestionamientos sobre el proceder de Francisco Domenech, aunque Rosario se limitó a recordar el marco legal aplicable sin emitir juicio sobre casos específicos. Recalcó que es “imperativa una consulta a la OEG” para prevenir cualquier conflicto de intereses, independientemente del cargo o la figura pública involucrada.
