Para muchos puertorriqueños, incorporarse al empleo formal implica perder súbitamente beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Plan Vital, lo que afecta su capacidad para cubrir necesidades básicas con salarios que no siempre reflejan el costo de vida. Así lo expone un estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), el cual concluye que esa “caída abrupta” de apoyos desincentiva la participación laboral y empuja a muchos hacia la economía informal.
El análisis, titulado “Entre la espada y la pared: la caída abrupta de beneficios del gobierno y la movilidad económica de las familias en Puerto Rico”, examinó programas como Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF-C), PAN, Plan Vital y Vivienda Pública. Según el informe, ninguno está estructurado para fomentar la movilidad económica de las familias.
Los hallazgos indican que pequeños aumentos en el ingreso pueden provocar reducciones “desproporcionadas” en las ayudas, a veces mayores que el dinero adicional ganado. “No se trata de falta de ganas ni de esfuerzo. El sistema, como está diseñado, hay que revisarlo y ajustarlo a la realidad actual”, afirmó Sarah Vázquez Pérez, directora ejecutiva del IDJ. Advirtió que cuando los ingresos no bastan, avanzar se convierte en un riesgo que limita el potencial de miles de familias.
La llamada “caída abrupta de beneficios” ocurre cuando un leve aumento salarial ocasiona la pérdida de ayudas, desincentivando el empleo. El estudio destaca al PAN como ejemplo de cómo mitigar ese efecto con estrategias como un proceso de transición de 24 meses, reducciones escalonadas en los beneficios y mayores deducciones de ingresos para ampliar la elegibilidad.
Por su parte, el programa TANF-C mostró la pérdida más pronunciada, ya que todo el beneficio desaparece al superar los $1,400 mensuales. En el Plan Vital, la doctora María Enchautegui Román explicó que la pérdida de elegibilidad impacta sobre todo a los adultos, pues los menores pueden permanecer cubiertos bajo CHIP. Un trabajador soltero que gana $10.50 por hora y recibe $1,806 mensuales perdería la cubierta por exceder apenas seis dólares el límite permitido.
En Vivienda Pública, el beneficio se elimina tan pronto la familia alcanza el máximo ingreso permitido. Participantes de los grupos focales, en su mayoría madres, expresaron temores de “quedarse sin nada”, sentirse “estancadas” o que el gobierno las “penaliza por trabajar”.
Ciení Rodríguez Troche, exsecretaria del Departamento de la Familia, señaló que no transformar el sistema perpetúa la pobreza y agrava la desigualdad social. El IDJ recordó que el 52% de los niños en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza y propuso medidas para suavizar el impacto de perder ayudas: mayor transparencia en la elegibilidad, orientación obligatoria, mejor servicio al cliente, períodos de gracia, topes escalonados en renta y coordinación interagencial.
Estela Reyes Rodríguez, directora de abogacía del IDJ, enfatizó que el primer paso es reconocer el problema. “Hay que aceptar que la caída abrupta de beneficios es real y decidir que reformarla sea una prioridad de país para garantizar el bienestar de las familias y el desarrollo económico de Puerto Rico”, concluyó.
