Tras paralizar clases el lunes, al menos cuatro escuelas privadas que atienden exclusivamente a estudiantes de Educación Especial retomarán mañana sus labores académicas y terapéuticas luego de que el Departamento de Educación se comprometiera a efectuar pagos pendientes por los servicios ofrecidos este año escolar.
Michelle Naredo, directora de la Academia CEIP en Caguas, informó que las instituciones se reunieron con funcionarios del Departamento luego de manifestarse frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey. “No me cubre la deuda completa, pero sí nos asignaron una cantidad”, indicó Naredo, quien estimó en $1 millón lo que le adeuda Educación desde enero.
La secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa, confirmó que el desembolso se realizará, aunque sin precisar fecha. “Ya estamos corriendo el proceso para los pagos de los colegios que paralizaron. Ya mañana (martes) reanudarán servicios”, expresó en declaraciones escritas.
Las escuelas bajo el modelo de “compra de servicios” habían denunciado deudas millonarias acumuladas lo que las llevó a interrumpir operaciones. El gobierno central dijo que pidió fondos a la JSF, que el pasado viernes autorizó —de forma condicionada— cerca de $157 millones en reasignaciones y extensiones presupuestarias para cubrir servicios de Educación Especial.
Además de CEIP, reanudarán labores la Starbright Academy de Ponce, el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI) en San Juan y la Education for Inclusion Academy, con planteles en Villalba y Las Piedras. Los directivos de estas instituciones notificaron su decisión en una carta dirigida al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, citando el compromiso de pago parcial y la meta de ser resarcidos totalmente antes del 30 de junio, cierre del año fiscal.
“Esta determinación procura el bienestar de cada estudiante… y representa un voto de confianza en su gestión”, expresaron en la misiva. Naredo advirtió, sin embargo, que continuarán las gestiones para lograr la liquidación total de fondos antes del 1 de julio, cuando las deudas pasarían a otra clasificación administrativa más difícil de cubrir.
Más temprano, padres, maestros y personal docente se habían manifestado frente a la JSF para exigir la autorización de fondos que permitan saldar los servicios provistos desde enero. “Estamos aquí ante la JSF… porque necesitamos que esto se haga con premura, ya que esos servicios se ofrecieron”, reclamó Iliana Cortés, directora de la Education for Inclusion Academy.
La JSF aprobó con observaciones cerca de $27.8 millones para transportación y reembolsos a padres, $9.5 millones para terapias y evaluaciones, y $102.3 millones para aumentos salariales e iniciativas del año fiscal 2026. Otra petición de $100 millones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto permanece bajo evaluación, confirmó la portavoz de la JSF, Sylvette Santiago.
Por su parte, Marangely Pons, de Starbright Academy, sostuvo que la aprobación de esos fondos “podría ayudar a seguir proveyendo servicios”. Mientras, Jinette Morales, participante de la protesta, criticó la falta de eficiencia administrativa: “Es fácil decir que la Junta no suelta el dinero, pero llevamos años con esta situación y nadie encuentra el botón. Hay que saber administrar”.
La JSF condicionó sus aprobaciones a que Educación entregue en 90 días el reglamento del nuevo modelo presupuestario basado en estudiantes (“per pupil”) y un plan para implementarlo en el presupuesto del año fiscal 2028.
