La creación de empleos a tiempo parcial en el gobierno de Puerto Rico ha generado preocupación por su posible impacto fiscal. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha emitido una advertencia sobre el Proyecto de la Cámara 1050, que busca establecer plazas laborales de hasta 30 horas semanales dentro de varias agencias y corporaciones públicas, según información de El Nuevo Día.
La OGP, a cargo de Carmen Guillén, enfatizó que la medida podría acarrear costos significativos y no ha proporcionado suficiente información para evaluar sus efectos económicos. "En esta etapa, el impacto fiscal de la medida es indeterminado, toda vez que esta pieza legislativa no nos provee información suficiente para cuantificar los costos o posibles economías que podrían resultar de su implantación", comentó Guillén.
Costos potenciales de los empleos a tiempo parcial
El análisis de la OGP sugiere que, tomando en cuenta el total de 93,142 empleados activos en el gobierno, si se implementara la medida, podrían generarse hasta 4,652 nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial. Esto podría traducirse en un costo anual mínimo de $132.4 millones, si se considera un salario aproximado de $28,244 por puesto. Los cálculos prevén que, con un 1% de la plantilla ocupada por estos empleos, el gasto sería de $26.3 millones, mientras que con un 2.5% ascendería a $65.7 millones, y con un 5% alcanzaría los $132.4 millones.
La OGP ha indicado que cada agencia o municipio, en colaboración con la Oficina de Administración, Transformación y Recursos Humanos (OARTH), deberá identificar áreas donde la contratación de personal a tiempo parcial pueda mejorar la eficiencia. Sin embargo, las interrogantes sobre el manejo presupuestario y la implementación de la medida persisten. "Cada agencia o municipio, en conjunto a la OARTH, deberá identificar las áreas donde la contratación de personal a tiempo parcial pueda mejorar su eficiencia operativa", añadió la OGP.
Expectativas de la Comisión de Trabajo
La Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, que preside Joel Franqui, aún espera respuestas de la OATRH, que no asistió a la vista pública por segunda vez. Este proyecto busca fomentar la integración laboral de personas con limitaciones de tiempo, como estudiantes, cuidadores y adultos mayores. La propuesta contempla la creación de un programa de empleo que atienda las necesidades de estos grupos vulnerables, pero la falta de información clara sobre sus implicaciones fiscales sigue siendo un obstáculo.
Roberto López Román, miembro de la OGP, subrayó que la medida podría beneficiar a grupos específicos, pero reiteró que los efectos financieros son preocupantes. "No pueden estar todo el tiempo trabajando por diferentes razones", expresó, resaltando la necesidad de un análisis profundo antes de avanzar con el proyecto.
La incertidumbre en torno a los costos y la viabilidad del proyecto ha llevado a que tanto la OGP como la Comisión de Trabajo continúen su evaluación, buscando asegurar que cualquier medida implementada no comprometa la estabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico.
Fuentes: Gobierno de Puerto Rico, institutodelibertadeconomica.org, facebook.com
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