La gobernadora Jenniffer González ha declarado un estado de emergencia por la sequía que afecta a Puerto Rico, una medida que busca mitigar los efectos de esta crisis ambiental. A través de dos órdenes ejecutivas, la OE-2026-35 y la OE-2026-36, la gobernadora activó procesos en diversas agencias y congeló los precios de productos de primera necesidad, en un intento por proteger a los ciudadanos más vulnerables ante la escasez de agua.
La OE-2026-36, en particular, habilita a la Guardia Nacional para colaborar en las acciones de respuesta, lo que subraya la gravedad de la situación. Según la gobernadora, estas medidas se toman "de conformidad con la información técnica y científica disponible, y conforme evolucionen dichas condiciones".
Las órdenes ejecutivas también instruyen a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a coordinar esfuerzos para asegurar el suministro de agua a la población. La gobernadora enfatizó que estas acciones se llevarán a cabo "siempre que ello sea técnica y operacionalmente viable y (que) no represente un riesgo para la salud o la seguridad pública", garantizando así que las medidas no solo sean efectivas, sino también seguras.
A pesar del estado de emergencia, González aseguró en declaraciones recientes que no se contemplan interrupciones programadas del servicio de agua para la próxima semana. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas debido al deterioro en los niveles del embalse Carraízo. Este embalse, que es crucial para el suministro de agua en varios municipios, ha mostrado un preocupante descenso en su capacidad.
La situación actual de sequía trae reminiscencias de la crisis de agua que Puerto Rico experimentó entre 2014 y 2015, cuando el país enfrentó severas restricciones de agua. El Gobierno ha indicado que las medidas preventivas actuales están diseñadas para evitar que la situación se agrave hasta ese nivel, lo que ha sido bien recibido por la ciudadanía.
La sequía no solo afecta el acceso al agua potable, sino que también tiene repercusiones en la agricultura y en el suministro de alimentos. Con la firma de estas órdenes ejecutivas, la administración de González busca no solo enfrentar la crisis inmediata, sino también establecer un marco que permita a Puerto Rico prepararse para eventos similares en el futuro.
Fuentes: El Vocero, Metro Puerto Rico, elnacional.com.do
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