El Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Congreso deberán decidir cuándo se reanudarán los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos. La decisión llega en medio de crecientes presiones financieras sobre millones de familias en diferentes estados.
Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie este martes sobre la solicitud de la administración del presidente Donald Trump para mantener el bloqueo que impide a los estados otorgar los beneficios completos de SNAP, argumentando que los fondos podrían necesitarse en otras áreas. Hasta ahora, los fallos judiciales contradictorios han provocado desigualdades: en lugares como Hawái y Nueva Jersey los beneficiarios han recibido sus asignaciones completas, pero en Nebraska y Virginia Occidental no se ha desembolsado nada.
La disputa judicial podría quedar sin efecto si la Cámara de Representantes aprueba y Trump firma una medida para reabrir el Gobierno federal. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones ordenó el lunes reanudar la financiación completa del programa, una medida que entraría en vigor este martes por la noche a menos que el Supremo intervenga nuevamente.
SNAP ha estado en el centro de una intensa lucha legal desde que la administración Trump decidió suspender su financiación tras el cierre del Gobierno federal en octubre. Esa decisión generó demandas que cuestionan la autoridad del Ejecutivo y afectan el acceso a alimentos de unos 42 millones de personas. Inicialmente, el gobierno garantizó solo el 65% de los beneficios regulares, pero se opuso a un nuevo fallo que exigía financiar el programa en su totalidad. El Tribunal Supremo suspendió temporalmente esa orden.
En el Congreso, la discusión sobre SNAP también forma parte del debate para reabrir el Gobierno. El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley que incluye fondos para restituir el programa. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a los legisladores a regresar a Washington para evaluar el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado. Trump aún no ha confirmado si firmará la medida, aunque dijo que “parece que nos estamos acercando al final del cierre”.
El procurador general D. John Sauer argumentó ante la Corte Suprema que la solución a la crisis no debe depender de los tribunales, sino del Congreso: “La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autoridad legal. La única forma de poner fin a esta crisis es que el Congreso reabra el Gobierno”, señaló.
El impacto del estancamiento es inmediato para los beneficiarios. Las diferentes decisiones judiciales y respuestas estatales han generado confusión: mientras algunos reciben todas las ayudas, otros solo una parte o ninguna. En Pensilvania, por ejemplo, Jim Malliard, de 41 años, cuida a su esposa ciega y a su hija adolescente, ambas con problemas de salud, pero su familia aún no recibe los 350 dólares mensuales habituales de SNAP. Con apenas 10 dólares en su cuenta, sobrevive con lo que queda en la despensa: arroz y ramen. “Me he pasado muchas noches en vela, asegurándome de que lo tenía todo correcto. Decir que he estado ansioso estas semanas es quedarse corto”, relató.
La decisión final del Tribunal Supremo determinará si millones de familias pueden volver a contar con el apoyo alimentario en su totalidad mientras el Congreso decide el futuro del cierre gubernamental.
