El arresto del ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, ha despertado gran atención internacional. La incógnita gira alrededor de cómo podría concretarse un pliego acusatorio formal que, en el sistema judicial británico, se presentaría como “R v. Andrew Mountbatten-Windsor”. La “R” representa al Rey, en este caso Charles III, hermano del acusado.
En el Reino Unido, los procesos penales se presentan en nombre de la Corona, aunque no es la familia real quien los impulsa. Las decisiones de acusación corresponden al Crown Prosecution Service (CPS), un organismo independiente del Estado. Esta práctica responde a la naturaleza de la monarquía constitucional británica, donde el poder del soberano es simbólico y está limitado por las leyes y el Parlamento.
Charles III, como jefe de Estado, ejerce funciones institucionales en asuntos religiosos, militares y diplomáticos, pero no interviene en los procesos judiciales. Estos son manejados exclusivamente por las autoridades legales correspondientes.
El artículo también compara esta práctica con otros sistemas jurídicos. En Puerto Rico, la Constitución dispone que toda acción criminal se instruya a nombre de “El Pueblo de Puerto Rico”, mientras que en Estados Unidos los casos federales se presentan como “United States v. (nombre del acusado)”.
De concretarse cargos contra Mountbatten-Windsor, el hecho representaría un precedente histórico: un miembro de alto perfil de la realeza británica siendo procesado bajo la misma fórmula legal que cualquier ciudadano. Su arresto llega justo después de la divulgación de miles de páginas de documentos relacionados con el depredador sexual Jeffrey Epstein, con quien Andrew mantuvo vínculos personales.
Según la BBC, en casos como este, el arresto suele durar solo unas horas, y es poco probable que el detenido permanezca bajo custodia durante la noche. Podrían pasar varias semanas antes de que las autoridades determinen si el caso continuará en los tribunales.
