El secretismo que rodea la seguridad de la Casa Blanca dificulta conocer detalles, pero la disputa legal del presidente Donald Trump por su proyecto de un salón de baile de 400 millones de dólares ha revelado pistas sobre un búnker subterráneo con historia.
El conflicto judicial entre la administración Trump y el National Trust for Historic Preservation gira en torno a un salón de 8,400 metros cuadrados en el sitio de la antigua Ala Este, demolida el pasado otoño. Un tribunal federal de apelaciones permitió recientemente que el presidente continuara con la construcción tras suspender una orden previa que detenía las obras en la superficie. La administración republicana argumenta que la estructura será “fuertemente fortificada”, con refugios antiaéreos, áreas médicas y espacios militares bajo el nuevo salón.
El origen de este tipo de refugios se remonta a la presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuando en 1942 se instaló un búnker bajo el Ala Este durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el espacio ha sido clave en momentos de crisis. Garrett Graff, historiador especializado en seguridad nacional, explicó que el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia fue diseñado para un uso temporal. “El objetivo de la evacuación presidencial es sacar al presidente del lugar donde todos saben que está y llevarlo a donde nadie sepa”, precisó.
Entre los episodios históricos figura el 11 de septiembre de 2001, cuando el vicepresidente Dick Cheney fue escoltado abruptamente al búnker por un agente del Servicio Secreto. Más recientemente, Trump fue trasladado allí en 2020 durante las protestas por la muerte de George Floyd, mientras manifestantes se concentraban en las afueras de la residencia oficial.
Según Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, es esencial completar el salón de baile porque su estructura protege las instalaciones subterráneas. “Dejar el proyecto inacabado pone en peligro la misión de proteger al Presidente”, advirtió. Trump ha defendido la obra señalando que incluye un techo a prueba de drones, sistemas de aire filtrado, comunicaciones seguras y refugios antibombas. “Tenemos biodefensa, telecomunicaciones y un hospital bajo construcción”, detalló.
El National Trust sostiene que Trump excedió sus facultades al avanzar sin la aprobación del Congreso ni de agencias federales. Aunque el juez Richard Leon falló inicialmente a favor del grupo, su decisión quedó en suspenso tras la apelación. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revisará el caso el 5 de junio.
Los costos vinculados a la seguridad serán cubiertos con fondos públicos, pero Trump afirma que las áreas del salón de baile serán financiadas mediante donaciones privadas. “La parte subterránea está unida a la parte superior y a su servicio”, dijo el Presidente en redes sociales, insistiendo en que la ampliación es vital para la seguridad del complejo.
