MIAMI – Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un tribunal de Nueva York para responder por cargos de narcotráfico, en un proceso que recuerda el caso del panameño Manuel Noriega. Capturado el sábado, 36 años después de la caída de Noriega, el líder venezolano y sus abogados alegarán que goza de inmunidad soberana como jefe de Estado extranjero, un argumento que, según expertos, tiene pocas posibilidades de éxito en la justicia estadounidense.
El exfiscal federal Dick Gregorie señaló: “No hay derecho a la inmunidad soberana si no lo reconocemos como jefe de Estado”. Washington, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas, ha calificado las elecciones de Maduro como fraudulentas y le ha negado ese reconocimiento oficial.
El exfiscal general William Barr, durante la administración Trump, elaboró un dictamen que en 1989 ya había sido usado para justificar la captura de Noriega. Ese documento autoriza “secuestros forzosos” en el extranjero bajo la premisa de hacer cumplir las leyes estadounidenses. Barr, quien supervisó la acusación contra Maduro, afirmó recientemente que el objetivo va más allá de detenerlo: “Se trata de limpiar esa organización criminal”.
Aunque hay diferencias entre ambos casos —Noriega nunca fue presidente formal, mientras Maduro alega mandatos ganados en las urnas—, el reconocimiento internacional es clave. China, Rusia y Egipto, entre otros, respaldaron su elección de 2024, pero para Estados Unidos, Maduro no es el gobernante legítimo y se mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
El abogado David Oscar Markus, con sede en Miami, advierte que el caso podría abrir nuevamente un debate sobre si un tribunal estadounidense puede juzgar a un líder extranjero no reconocido oficialmente. “Maduro tiene una defensa soberana más sólida que Noriega”, opinó.
El caso también enfrenta obstáculos prácticos. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la contratación de abogados estadounidenses requiere licencia especial del Departamento del Tesoro. Mientras, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez lidera el gobierno interino.
Expertos como Curtis Bradley, de la Universidad de Chicago, sostienen que la inmunidad podría aplicarse solo para actos oficiales, no para los delitos que se le imputan. La acusación federal lo señala, junto a cinco coacusados, de facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense mediante apoyo logístico y cobertura policial.
El resultado de este proceso podría redefinir los límites entre soberanía, reconocimiento diplomático y jurisdicción penal, con implicaciones que van más allá del destino judicial del presidente venezolano.
