El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), anunció nuevas sanciones contra diez individuos y entidades con sede en Venezuela e Irán, entre ellas la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) y su presidente, José Jesús Urdaneta González, por su implicación en el comercio de drones militares iraníes.
La medida busca frenar la proliferación de armamento que Washington considera una amenaza directa a su seguridad nacional y la de sus aliados. “El Tesoro está haciendo responsables a Irán y a Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes habilitan el complejo militar-industrial iraní del acceso al sistema financiero estadounidense”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Según el comunicado oficial, esta acción forma parte de una serie de designaciones adoptadas en los meses de octubre y noviembre, en apoyo a la reimposición de sanciones de Naciones Unidas contra Irán el 27 de septiembre de 2025.
Washington sostiene que los programas iraníes de drones y misiles representan una amenaza para el personal estadounidense y sus aliados en Medio Oriente, además de desestabilizar el transporte marítimo en el mar Rojo y amenazar los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
De acuerdo con Ofac, EANSA ha supervisado el ensamblaje en territorio venezolano de los drones de la serie Mohajer, diseñados por la empresa iraní Qods Aviation Industries (QAI). Estos vehículos aéreos no tripulados, conocidos localmente como ANSU, son utilizados por las fuerzas armadas venezolanas.
Desde 2006, Irán y Venezuela han cooperado en la provisión de estos sistemas, incluidos los Mohajer-6, plataformas de combate equipadas con capacidades de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y versiones armadas con municiones guiadas. Ofac sostiene que EANSA negoció directamente con QAI, participando en operaciones por millones de dólares y en el ensamblaje de aeronaves suministradas desde Irán.
El Departamento del Tesoro afirmó que Urdaneta coordinó con miembros de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de estos drones en Venezuela. Ambas partes fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 13949, que penaliza actividades relacionadas con el comercio de armas convencionales iraníes.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes o intereses de los designados presentes en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses, además de prohibir toda transacción con ellos sin autorización expresa de Ofac. Bancos o empresas extranjeras que mantengan vínculos significativos con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias.
El Tesoro también incluyó en su lista a otras empresas e individuos radicados en Irán por su participación en el tráfico y adquisición de productos químicos utilizados para fabricar misiles balísticos, reforzando su ofensiva contra los programas de armamento estratégico de Teherán.
