El dragado en el río Grande de Loíza se ha detenido después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ordenara al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cesar las obras. Esta decisión se basa en la falta de permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos, lo que podría acarrear multas civiles de hasta $68,446 por cada día de infracción, según NotiCel.
El comandante del distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros hizo hincapié en que las violaciones a la Ley de Aguas Limpias y a la Ley de Ríos y Muelles son serias y requieren atención inmediata. "Ellos me dijeron que no les hacía falta"; esta afirmación ha sido parte de las discusiones sobre la legalidad de las acciones del DRNA en la desembocadura del río.
La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, ha expresado su frustración ante la situación. "Se supone que él (Waldemar Quiles) hiciera algo en abril. Ese fue el compromiso ante la licenciada Itza García en Fortaleza. El compromiso fue que él iba a terminar en 30 días para yo poder hacer mi trabajo. Él no ha terminado, pero a mí no me han dado el permiso para acceso", comentó Nazario, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos establecidos.
Por su parte, Waldemar Quiles, secretario del DRNA, ha defendido las acciones de su departamento, argumentando que existen parámetros dentro de los permisos otorgados para realizar trabajos en la zona. En sus palabras, "entendemos que existen parámetros dentro de los permisos otorgados a la Agencia para realizar trabajos como fue este. Es importante tener en cuenta el contexto de la labor que ahí se desarrolló y el escenario que existía en esos momentos".
A pesar de las explicaciones, las tensiones continúan. Nazario ha manifestado que espera que no se repita la historia de desatención en Parcelas Suárez, donde las condiciones podrían deteriorarse aún más si no se atienden adecuadamente. La situación se agrava con la falta de agua que enfrenta el municipio, donde muchos sectores llevan días sin el servicio básico, lo que añade presión sobre las autoridades.
Los próximos pasos en este conflicto dependerán del cumplimiento de las regulaciones federales y de la capacidad del DRNA para obtener los permisos necesarios. La comunidad de Loíza sigue atenta a los desarrollos, buscando soluciones que no solo cumplan con las leyes, sino que también protejan su entorno y recursos naturales.
Fuentes: NotiCel, El Vocero, claridadpuertorico.com
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