Una empleada del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha presentado una demanda contra la exsecretaria Valerie Rodríguez Erazo, acusándola de discrimen y represalias. La demandante, Hilda Ortega Álamo, exige un total de $900,000, alegando que sufrió un patrón de hostigamiento después de solicitar un acomodo razonable para trabajar de manera remota debido a una cirugía de tobillo a la que se sometió en marzo de 2025.
Ortega Álamo sostiene que, a pesar de su situación de salud, se le negó el acomodo por varios meses, lo que la llevó a sufrir un trato discriminatorio. En su demanda, la empleada argumenta que su supervisor fue despedido 20 días después de haber entregado un informe que cuestionaba las decisiones de la administración de Rodríguez Erazo, lo que ella considera un acto de represalia. "Que el segundo funcionario de mayor rango del Ejecutivo tuviera que intervenir personalmente para que una empleada enferma obtuviera lo que le correspondía por ley lo dice todo sobre la conducta de la demandada", indicó Ortega Álamo.
Contexto de la demanda contra DACO
La demanda se está tramitando en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y resalta la necesidad de una evaluación justa en el proceso administrativo. Ortega Álamo señala que, en lugar de evaluar su expediente de personal, se tomaron decisiones sin considerar el criterio de la autoridad nominadora. Esto resalta un patrón preocupante en la administración pública de Puerto Rico, donde las decisiones son a menudo influenciadas por relaciones personales y no por méritos.
Además, el caso ha atraído la atención de la Oficina de Ética Gubernamental, que está revisando las alegaciones de conducta inapropiada en el manejo de la situación. Ortega Álamo ha expresado que "evidencia será presentada donde corresponde, ante el tribunal", sugiriendo que hay documentación que respalda sus afirmaciones.
Implicaciones para el sistema gubernamental
La situación ha generado un debate sobre la ética en el gobierno de Puerto Rico, especialmente en lo que respecta a los derechos de los empleados y la necesidad de políticas más transparentes. Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, también se ha visto envuelto en controversia debido a otras investigaciones relacionadas con su administración, lo que añade otro nivel de complejidad al caso de Ortega Álamo. Según reportes de Telemundo PR, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente ha recibido declaraciones juradas que implican a Domenech en posibles violaciones éticas.
El caso de Ortega Álamo no solo afecta su vida profesional, sino que también podría tener repercusiones significativas en la manera en que el gobierno maneja las quejas de discriminación y represalias. La situación subraya la necesidad de un cambio en la cultura laboral dentro de las agencias gubernamentales, donde el temor a represalias puede desincentivar a los empleados a exigir sus derechos.
Con la demanda en curso, el desenlace de este caso podría sentar un precedente importante en Puerto Rico sobre cómo se gestionan las solicitudes de acomodos razonables y cómo se protege a los empleados de las acciones discriminatorias dentro del ámbito gubernamental.
Fuentes: Telemundo PR, nelpr.com, esnoticiapr.com
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