El desarrollo económico de Puerto Rico continúa enfrentando desafíos significativos, a medida que se cumplen diez años desde la aprobación de la Ley PROMESA. Este marco legislativo, que buscaba estabilizar la economía de la isla, ha sido criticado por su enfoque en la reducción de la deuda a expensas de un crecimiento sostenible y un plan unificado para el sector privado.
Voces del ámbito empresarial, como Zulmarie Urrutia y Ramón Pérez Blanco, han señalado que a pesar de los esfuerzos realizados, Puerto Rico sigue careciendo de una visión clara y un enfoque de desarrollo integral que una a todos los sectores. "Puerto Rico es el país más estudiado del mundo, podemos llenar una biblioteca con los estudios que se han hecho y nada ha cambiado. No hay visión de país, lo que hay es una visión individualista, política, personalista en las posiciones de autoridad", afirmó Urrutia.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha jugado un papel crucial en la economía de Puerto Rico desde su creación en 2016, pero su efectividad ha sido cuestionada. Según analistas, PROMESA ha sido más exitosa en reducir la deuda y equilibrar presupuestos que en fortalecer la cultura política y económica de la isla, un aspecto que muchos consideran esencial para un desarrollo económico real. "Tenemos un problema serio de continuidad", afirmó Pérez Blanco, resaltando la falta de un plan a largo plazo.
La necesidad de un nuevo enfoque
Los empresarios locales, incluidos miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Coalición del Sector Privado, abogan por un nuevo proyecto que fomente el desarrollo económico de manera efectiva. Francisco Montalvo Fiol, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, ha enfatizado que el sector privado es crítico para la recuperación económica, destacando que la mayoría de las empresas en Puerto Rico son pequeñas, con entre 30 y 40 empleados. "Ese es nuestro sector privado, indiscutible, sobre qué hacer con 3.2 millones de ciudadanos americanos", comentó.
Sin embargo, la implementación de cambios significativos enfrenta obstáculos. Como recordó Urrutia, "se nos olvida que el Congreso cambia cada dos años, son sobre 400 congresistas y no es razonable pretender que un congresista de Arizona sepa lo que pasa en Canóvanas". Este contexto resalta la dificultad de establecer políticas que realmente reflejen las necesidades de la isla.
El impacto de PROMESA no puede ser subestimado. En diciembre de 2015, hubo una propuesta en el Congreso que buscaba establecer una junta con facultades más robustas, lo que podría haber llevado a una situación aún más crítica. A pesar de ello, muchos consideran que la ley ha permitido algunos avances en la estabilidad fiscal, aunque a un alto costo social. Como señaló un empresario, "había temor de una incautación de las cuentas del gobierno y se anticipó un caos, aunque mucha gente no llegó a internalizar que el riesgo era enormemente grande".
Mirando hacia el futuro
Con la mirada hacia el futuro, los líderes empresariales están pidiendo un enfoque renovado que no solo se centre en la reducción de la deuda, sino que incluya un plan estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico. Esto incluye mejorar la educación y fomentar un ambiente de negocios más atractivo para inversores locales y extranjeros.
"Tenemos que aspirar a un país educado", dijo uno de los líderes en el diálogo sobre la reactivación económica. La necesidad de un cambio de mentalidad y de políticas a largo plazo es más urgente que nunca, para que Puerto Rico no solo se recupere, sino que también prospere en un mundo cada vez más competitivo.
Fuentes: El Vocero, bondbuyer.com, esnoticiapr.com
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