Aibonito – La muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrida en el desvío Roberto Colón en Aibonito, sigue generando tensiones judiciales. Aquella noche se produjeron dos delitos: la agresión grave que derivó en su asesinato y el robo del vehículo de su madre, Lisandra Rosario.
Por el asesinato, el Departamento de Justicia acusó a Elvia Cabrera Rivera y a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. El segundo caso, vinculado al robo del auto, continúa pendiente de radicación. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó en febrero que esperarán a que culminen los procesos por asesinato antes de considerar nuevos cargos.
Durante una vista de estatus ante el juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, la defensa de Avilés Cabrera —integrada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal— pidió confirmar si el Ministerio Público ha pactado acuerdos o inmunidades con testigos.
“Hay personas que se investigaron por casos menos graves y no se les radicaron porque son testigos, e incluso hay un menor en la misma situación”, aseguró Sáez Matos. Añadió que los acuerdos pueden ser verbales y que la Fiscalía reconoció que hay investigaciones pendientes cuyo resultado dependerá del veredicto en curso. Según la abogada, ese tipo de arreglo constituye un acuerdo que debe revelarse.
Sin embargo, la fiscal Belinda Brignoni negó la existencia de inmunidades otorgadas. “No hay ningún documento suscrito de ninguna inmunidad que se haya concedido”, afirmó.
Por su parte, Mayra López Mulero, abogada de Cabrera Rivera, consideró que el posible otorgamiento de acuerdos es un asunto crucial. “Esto es bien relevante e incide sobre la motivación para mentir”, declaró. Agregó que, si la secretaria de Justicia habló de seis sospechosos, “probablemente sean seis acuerdos”.
En otro asunto, la defensa tendrá acceso a la grabación de la cámara corporal de un agente que investigó el hurto del vehículo de la madre de la víctima. López Mulero reveló que había recibido previamente una certificación negativa sobre la existencia de esas grabaciones, pero luego se confirmó su disponibilidad. “Se nos había certificado que no existían cámaras corporales para este caso y hoy se me informó que sí existen y que nos las harán llegar”, sostuvo.
La fiscal Silda Rubio Barreto explicó que las grabaciones corresponden a la querella de apropiación ilegal del vehículo y confirmó que serán entregadas a la defensa. “Quizás la forma en que se solicitó el requerimiento no fue clara, pero lo importante es que lo tengan”, añadió.
Como testigo del Ministerio Público, Paola Sofía Carpena Soliván, amiga de la víctima, declaró que la noche del crimen fue entrevistada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito y de la División de Vehículos Hurtados. Señaló que los agentes la interrogaron sobre varias personas y sobre una conversación con un joven herido que tenía en su poder la cartera de la madre de Gabriela, en la que estaban las llaves del automóvil Hyundai rojo reportado como robado.
El caso continúa bajo intenso escrutinio mientras avanza el juicio contra ambas acusadas y la Fiscalía evalúa nuevos cargos relacionados con los hechos ocurridos aquella noche en Aibonito.
