El presidente estadounidense Donald Trump fue demandado por un grupo de conservacionistas que buscan detener la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca hasta que el proyecto sea sometido a revisiones independientes y aprobado por el Congreso.
El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica (NTHP, por sus siglas en inglés), una organización privada dedicada a la protección del patrimonio, presentó la demanda ante un tribunal federal para bloquear las obras, luego de la demolición completa del Ala Este. La querella exige evaluaciones ambientales, revisiones de diseño, comentarios públicos y un proceso de debate legislativo antes de continuar con el proyecto.
“Ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni ningún otro tiene la autorización legal de derribar partes de la Casa Blanca sin revisión”, indica la demanda. También sostiene que Trump habría violado la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Política Ambiental Nacional por no consultar al Congreso antes de proceder.
El fideicomiso argumenta que no debe realizarse más trabajo hasta que se cumplan los procesos requeridos, los cuales debieron completarse antes de la demolición. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ha respondido a las preguntas sobre la acción legal, aunque el presidente ha insistido en que el proyecto se financia con fondos privados, incluido el suyo. Sin embargo, expertos señalan que eso no exime las revisiones que exige la ley para obras gubernamentales.
El mandatario ha expresado que un salón de baile es necesario porque los actuales espacios de la Casa Blanca son insuficientes para eventos multitudinarios. Según Trump, los asistentes a ceremonias bajo carpas a menudo “terminan con los pies mojados cuando llueve”.
Will Scharf, designado por Trump como presidente de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, informó que la Casa Blanca planea presentar los diseños en diciembre. Aclaró que el proceso de revisión se realizará “a un ritmo normal y deliberativo”. No obstante, el fideicomiso considera que esa medida llega tarde y resulta insuficiente.
La demanda señala que los planes debieron pasar primero por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso. El fideicomiso aseguró haber enviado una carta a esas entidades el 21 de octubre, tras iniciarse la demolición, pero no recibió respuesta.
También cita disposiciones federales que establecen que no puede erigirse ningún edificio en terrenos públicos del Distrito de Columbia sin autorización expresa del Congreso. La participación ciudadana, agrega, es “particularmente crítica” debido al valor histórico y simbólico de la Casa Blanca.
Además de Trump, la acción judicial incluye al Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior, la Administración de Servicios Generales y sus respectivas jefaturas.
