El salón de baile propuesto por el presidente Donald Trump para la Casa Blanca recibió aprobación final de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, apenas días después de que un juez federal ordenara detener la construcción hasta que el Congreso avale el proyecto. Se trata del mayor cambio estructural al edificio en más de 70 años.
Según el portavoz de la comisión, Stephen Staudigl, la votación no viola el dictamen del juez Richard Leon, ya que su orden afecta las obras, no la fase de planificación. Aun así, la disputa legal podría frenar el avance del plan, que Trump pretende completar antes de concluir su mandato en 2029. El presidente republicano busca dejar su marca en Washington con diversas modificaciones urbanísticas.
La comisión —de 12 miembros, tres de ellos designados por Trump— pospuso la votación desde marzo hasta abril por la cantidad de ciudadanos inscritos para comentar, la mayoría en contra del proyecto. Antes de la votación, la agencia revisó ajustes de diseño propuestos por Trump: eliminó una gran escalera en el lado sur y añadió un porche sin techo al oeste. Críticos habían cuestionado la utilidad y tamaño de la escalera suprimida.
Un funcionario de la Casa Blanca informó que el mandatario consideró observaciones de las comisiones reguladoras y del público. El arquitecto principal, Shalom Baranes, presentó los nuevos planos. El costo estimado asciende ahora a 400 millones de dólares. Trump ha declarado que la ampliación se financiará con donaciones privadas, aunque fondos públicos cubrirán mejoras de seguridad y estructuras subterráneas.
El juez Leon, nominado por George W. Bush, sostuvo que “el presidente de Estados Unidos es custodio de la Casa Blanca, no su propietario”, y advirtió que ninguna ley le otorga autoridad unilateral para modificarla. La demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, que busca frenar las obras hasta contar con el aval del Congreso y de las entidades de planificación y arte.
A pesar del fallo, se observaron trabajos de excavación y seguridad en el área del antiguo Ala Este, demolida por Trump en octubre pasado. El mandatario insistió en que “no se requiere aprobación del Congreso” para proyectos de construcción en la Casa Blanca. Los comités legislativos responsables no emitieron comentario alguno, mientras el Congreso permanece en receso.
