La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha planteado una firme exigencia para detener los cobros de $300 a los clientes que instalen sistemas de energía solar, en medio de los cambios regulatorios impulsados por la Resolución Conjunta (RC) 5 de 2026. Esta medida, que busca regular los cargos asociados a la medición neta, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la energía renovable en Puerto Rico.
La RC 5 ha paralizado lo que se conoce como "estudios suplementarios", una directriz que estaba ligada a la imposición del mencionado cargo. Estos estudios eran parte del proceso que los clientes debían cumplir para acceder a tarifas más justas y transparentes en sus servicios de energía solar. La situación ha llevado a que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y LUMA Energy, entre otros actores del sector, se enfrenten a las nuevas regulaciones sin poder revertir los cambios.
De acuerdo con reportes de Metro Puerto Rico, el NEPR ha rechazado todas las solicitudes de reconsideración presentadas por entidades como LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esto ha dejado firme la nueva tarifa de la luz, lo que complica aún más el panorama para los usuarios de energía solar. En su resolución, el presidente del NEPR, Edison Avilés, afirmó que las denegatorias se basan en la necesidad de mantener un sistema tarifario que refleje los costos reales del servicio.
La controversia se intensifica en un contexto donde los usuarios de energía solar se ven afectados por tarifas que pueden considerarse excesivas. La JSF ha subrayado la importancia de que los reguladores reconsideren estas medidas para no obstaculizar el crecimiento del sector solar, tan crucial para la sostenibilidad energética de la isla. Las nuevas directrices también podrían impactar el cumplimiento por parte de los municipios en relación con la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), lo que podría acarrear más complicaciones en el ámbito fiscal.
Con el borrador del nuevo reglamento de interconexiones de sistemas solares ya publicado, es crucial que tanto la JSF como el NEPR evalúen cuidadosamente el impacto de estas decisiones sobre la adopción de energía renovable en Puerto Rico. La situación actual exige un diálogo más abierto entre las diferentes partes involucradas para asegurar que las políticas energéticas futuras sean beneficiosas tanto para los consumidores como para el desarrollo sostenible de la isla.
Fuentes: Metro Puerto Rico, El Vocero, foronoticioso.com
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