El cierre de hogares de cuidado prolongado en Puerto Rico ha alcanzado cifras alarmantes. Este miércoles, el Departamento de la Familia confirmó que ha ordenado el cierre de 44 establecimientos desde enero hasta julio de 2026, de los cuales 33 fueron clausurados por incumplir con la reglamentación vigente, mientras que otros 11 operaban de manera clandestina. Esta situación pone de manifiesto las serias irregularidades en la atención a nuestros adultos mayores, un tema crítico en la isla.
Según Suzanne Roig Fuertes, del Departamento de la Familia, "cada cierre responde a un proceso de investigación, evaluación e intervención responsable, siempre procurando una transición ordenada y segura para las personas afectadas". Este enfoque es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes de estos hogares, quienes son particularmente vulnerables. La Unidad de Maltrato Institucional ha estado al frente de estas investigaciones, poniendo especial atención a los casos más delicados donde se han reportado abusos.
El caso más reciente que ha llamado la atención ocurrió en Las Piedras, donde un hogar de cuidado prolongado perdió su licencia tras un presunto ataque contra una residente de 87 años. Este incidente resalta la necesidad urgente de supervisar y regular más estrictamente estos establecimientos. La Línea de Maltrato del Departamento está disponible para recibir reportes y denuncias, y se alienta a la población a comunicarse al (787) 749-1333 en caso de sospechas de maltrato.
La crisis que enfrentan estos hogares no solo se limita a los cierres. También se reporta que 52 hogares bajo la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) no han podido cobrar por sus servicios debido a fallas en el sistema ERP financiero del gobierno. Jonathan Morales, presidente de Cuidos Prolongados, denunció que estos atrasos han afectado gravemente a la nómina destinada a la atención de adultos mayores, que asciende a 6 millones de dólares. Esto crea una situación precaria para muchos de estos hogares que dependen de estos fondos para operar adecuadamente.
La situación expone un problema más amplio sobre la atención a nuestros ancianos en Puerto Rico, un área que ha sido objeto de críticas recurrentes. La falta de supervisión y el maltrato en algunos establecimientos han generado preocupación entre las familias y defensores de los derechos de los mayores. Con el cierre de tantos hogares, se plantea la pregunta: ¿qué futuro les espera a aquellos que dependen de estas instalaciones para su cuidado diario?
A medida que el Departamento de la Familia continúa con su labor de supervisión, es imperativo que se implementen medidas más efectivas para evitar que estas situaciones se repitan y que se garantice un trato digno a nuestros adultos mayores. La comunidad debe estar atenta y exigir transparencia en el manejo de estos casos, así como el cumplimiento de las normativas que aseguran la protección de nuestros ciudadanos más vulnerables.
Fuentes: radioisla.tv, lasemanapr.com, NotiCel
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