San Francisco— Ya no hay inmigrantes esperando sentencia ni abogados presentando argumentos en el principal tribunal de inmigración de San Francisco. La sala, que contaba con 21 jueces cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado, cerró el 1 de mayo con solo dos jueces activos. Los demás fueron despedidos, jubilados o renunciaron en medio de una purga de la Casa Blanca de jueces federales de inmigración.
El cierre refleja la turbulencia que atraviesa el sistema de tribunales de inmigración, mientras la administración busca acelerar la resolución de un retraso de 3.8 millones de casos de asilo y deportar al mayor número posible de personas. En todo el país, se ha incrementado la tasa de denegaciones de asilo, tras la sustitución de jueces considerados liberales por abogados militares y el despido de casi un centenar de magistrados.
San Francisco se convierte así en la primera gran ciudad sin tribunal de inmigración principal, lo que ha dejado la región sumida en el caos. Sus 117,000 casos fueron trasladados a Concord, a unos 48 kilómetros, donde otro tribunal, ya sobrecargado, ha sido reducido de 11 a cinco jueces y enfrenta más de 60,000 expedientes.
Durante años, el tribunal de San Francisco fue uno de los más favorables a los solicitantes de asilo: entre 2019 y 2024, el 75% de los peticionarios obtuvo algún tipo de alivio migratorio, frente al 43% nacional, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Esa reputación, apoyada en una densa red de organizaciones proinmigrantes y abogados voluntarios, podría haber motivado el cierre, señalan fuentes judiciales.
Jeremiah Johnson, exjuez del tribunal y actual vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, aseguró que San Francisco fue “un objetivo” por su historia de apoyo a los inmigrantes. Dana Leigh Marks, quien sirvió más de tres décadas en esa corte, lamentó su cierre, calificándolo de “desgarrador” y advirtiendo que responde a una estrategia para socavar el debido proceso y restringir el acceso al asilo.
En Concord, la situación es tensa: se endurecieron las medidas de seguridad y los abogados reportan viajes largos, cancelaciones de última hora y demoras que dejan a muchos migrantes en limbo legal. El abogado Judah Lakin describió un clima “caótico”, con audiencias suspendidas abruptamente y clientes vulnerables a la deportación. “El suelo se mueve constantemente bajo tus pies… Está diseñado así”, dijo.
El Departamento de Justicia, que dirige los tribunales de inmigración y tiene potestad para despedir jueces, no ofreció explicaciones sobre el cierre, limitándose a señalar que no renovará el contrato de arrendamiento del edificio. Actualmente hay unos 600 jueces activos en todo Estados Unidos, una cifra menor a los 754 registrados al inicio del segundo mandato de Trump.
Abogados como Nidaa Pervaiz, que representa a migrantes de Nepal y otras nacionalidades, afirman que la reducción de jueces se traduce en menos audiencias y mayor incertidumbre. “Los documentos de mis clientes caducan antes de que puedan presentarse ante un juez”, lamentó.
