El Municipio de Cataño arremetió este sábado contra la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), tras la publicación de un informe investigativo que refirió a las autoridades tres hallazgos sobre presunto uso indebido de recursos municipales. El ayuntamiento calificó la divulgación del documento como un “desafío directo al proceso judicial”.
Mediante un comunicado de prensa, el Municipio sostuvo que la OCPR emitió el informe “mientras el asunto permanecía activamente ante el Tribunal y sin permitirle al Municipio la oportunidad mínima de revisar, comentar o responder oficialmente a los hallazgos antes de su divulgación pública”.
La auditoría, que derivó siete hallazgos, resultó en tres referidos: uno al Departamento de Justicia, otro a la Oficina de Ética Gubernamental y un tercero al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La OCPR también ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto procurar que el alcalde recobre pagos indebidos detectados durante la investigación.
Según el Informe de Investigación OC-26-29, que cubrió del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, se identificó un patrón de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas municipales “para actividades ajenas al interés público”. Entre los señalamientos figuran el uso de equipos y vehículos municipales para fines político partidistas, documentos personales guardados en computadoras oficiales, pagos indebidos por $75,623 en servicios legales y deficiencias en el manejo de contratos y nombramientos.
El Municipio alegó que la OCPR actuó “de forma deliberada” al divulgar el informe pese a existir una orden del Tribunal de Primera Instancia requiriendo que la agencia justificara por qué no debía impedirse su publicación. Añadió que la decisión “tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir en académica la controversia antes de contestarle al Tribunal”. También cuestionó la objetividad y conducta de uno de los auditores asignados al caso.
El periodo auditado abarca el final de la gestión del convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado y parte de la administración de Julio Alicea Vasallo. Este último, quien anunció el 21 de abril su retiro temporal por tratamiento de cáncer de médula ósea, había expresado semanas antes confianza en el proceso y en que “el 90% de los señalamientos ya se habían corregido”.
La OCPR refirió el jueves los hallazgos al Departamento de Justicia para posible evaluación de violaciones de ley o reglamento, mientras continúa el debate público sobre la legalidad y el momento de la publicación del informe.
