El Municipio de Cataño arremetió este sábado contra la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) por divulgar un informe investigativo en su contra, lo que calificó como un “desafío directo al proceso judicial”. La posición contrasta con la del alcalde Julio Alicea Vasallo, quien semanas atrás había pedido que la auditoría se publicara, asegurando que ya se habían tomado medidas correctivas.
“A pesar de reconocer internamente problemas que ameritaron acciones correctivas, la OCPR procedió a publicar el informe mientras el asunto permanecía activamente ante el Tribunal y sin permitirle al Municipio la oportunidad mínima de revisar, comentar o responder oficialmente a los hallazgos antes de su divulgación pública”, indicó el municipio en un comunicado.
El jueves, la OCPR presentó tres referidos al Departamento de Justicia para determinar la posible violación de leyes o reglamentos. El informe reflejó un patrón de uso indebido de propiedades, fondos, personal y sistemas municipales en “actividades ajenas al interés público”, incluyendo fines político partidistas y decisiones contrarias a la ley.
El municipio sostuvo que el documento se publicó mientras el asunto estaba bajo consideración del Tribunal de Primera Instancia, el cual había emitido una orden de mostrar causa a la OCPR para que justificara por qué no debía impedirse su divulgación. “Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto de derrotar el remedio solicitado, hacer irreparable el daño y convertir la controversia en académica antes de contestarle al Tribunal”, señaló en el comunicado, agregando que surgieron dudas sobre la objetividad de uno de los auditores.
El periodo auditado abarcó casi el último año de la gestión del convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado y de Alicea Vasallo, quien el 21 de abril anunció su retiro temporal para recibir tratamiento por cáncer de médula ósea. En declaraciones previas, Alicea Vasallo dijo sentirse tranquilo ante la auditoría y aseguró que “el 90% de esos señalamientos ya se han corregido”.
Según el Informe de Investigación OC-26-29, que revisó el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, se hallaron documentos no relacionados con la gestión pública en computadoras oficiales, uso de recursos y fondos públicos en campañas políticas y utilización de un cargo oficial para fines partidistas. También se identificaron pagos indebidos por $75,623 en servicios legales, uso inadecuado de vehículos pesados y deficiencias contractuales.
Además del referido al Departamento de Justicia, la OCPR sometió otros dos referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Asimismo, ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurar que el alcalde recupere los pagos hechos de forma indebida.
