El exsecretario de Salud, Carlos Mellado, adelantó que no acudirá a la citación del Departamento de Justicia pautada para mañana, miércoles, por entender que no ha recibido una notificación formal. La comparecencia estaría relacionada con la firma de cabildeo Politank, que perteneció hasta 2024 al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
“No voy a ir porque no tengo una citación formal u oficial”, declaró Mellado a El Nuevo Día. Por su parte, Justicia confirmó que la convocatoria provino de la Oficina del Jefe de Fiscales, aunque no ofreció detalles específicos ni reveló la fecha o la hora de la reunión, conforme a su política institucional.
Mellado relató que la semana pasada recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que debía comparecer mañana a las 2:00 p.m., pero dijo no recordar quién fue la persona que lo contactó.
El 24 de marzo, Mellado informó a El Nuevo Día que había acudido al Negociado Federal de Investigaciones y a la Oficina del Inspector General de Estados Unidos para alertar sobre presuntas irregularidades en un contrato entre la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico y el Programa Medicaid del Departamento de Salud. Ese contrato fue tema de discusión durante una interpelación en el Senado al propio Domenech.
Durante su testimonio jurado, Mellado indicó que en 2024, mientras era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por Domenech y Kenneth McClintock, ambos entonces vinculados a Politank, para favorecer la contratación de Intervoice.
Tras hacerse públicas esas denuncias, la gobernadora Jenniffer González anunció que referiría el asunto a las autoridades federales.
Fuentes de este medio apuntaron que Justicia busca que Mellado también ofrezca información sobre un contrato de $60,000 mensuales otorgado por Salud cuando Suzanne Roig Fuertes —hoy secretaria de la Familia— dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual.
El año pasado, Justicia cerró una pesquisa contra Roig Fuertes al no identificar ilegalidades, pese a un referido hecho por el Departamento de Salud bajo la dirección de Mellado. Dicho referido alegaba posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal de Puerto Rico por presunto uso indebido de poder, fondos públicos o enriquecimiento injustificado.
