La Cámara de Representantes llevará a votación este lunes el Proyecto de la Cámara 1006, que permitiría a los alcaldes privatizar tareas administrativas y operacionales de los municipios mediante contratos de alianzas público-privadas (APP). La medida, promovida por el representante novoprogresista Jorge Navarro, propone aplicar el modelo de APP a unidades internas como la Oficina del Alcalde, la Secretaría Municipal, las oficinas de Finanzas y Presupuesto, así como la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.
Entidades como la Asociación de Alcaldes y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) advirtieron que el proyecto es redundante, ya que las facultades que busca otorgar ya están contempladas en el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009). “El proyecto no añade facultades sustantivas nuevas, sino que resulta redundante e innecesario dentro del ordenamiento jurídico vigente”, señaló la Asociación de Alcaldes en su ponencia ante la Comisión cameral de Asuntos Municipales.
El director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, coincidió en que la iniciativa no crea poderes nuevos, sino que refuerza disposiciones existentes. En un memorial escrito, subrayó que cualquier delegación de funciones municipales bajo el modelo de APP debe cumplir estrictamente con la Ley 29.
Navarro defendió la medida como una alternativa para municipios que enfrentan dificultades fiscales y han tenido que reducir jornadas laborales o despedir empleados. A su juicio, la flexibilización del modelo administrativo podría aliviar esas cargas.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) reconoció las intenciones del proyecto, pero advirtió sobre riesgos significativos, como el incremento de costos operativos, la dependencia de contratistas y posibles retos en la gobernanza municipal. Entre tanto, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa sostuvo que el PC 1006 no tendría impacto fiscal directo.
El informe de la Comisión cameral establece que la medida no altera el estado de derecho, sino que lo armoniza con la Ley 29-2009, integrando sus disposiciones dentro del Código Municipal. Además del PC 1006, la Cámara considerará el PC 727, que busca restringir el uso de drones en instalaciones públicas con operaciones de seguridad, y el PC 830, que regula la evaluación de portación de armas de fuego en casos de hospitalización psiquiátrica involuntaria.
