Londres — Las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein han alcanzado a la Cámara de los Lores británica, intensificando el debate sobre la ética y la transparencia en esta institución. El exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, se vio obligado a dimitir como miembro de los Lores tras conocerse su relación con el fallecido delincuente sexual. Su caída ha desatado un nuevo examen público sobre el funcionamiento y la legitimidad de la Cámara Alta del Parlamento.
Críticos denuncian que esta institución no electa es anticuada y lenta para sancionar a sus miembros, mientras que sus defensores la consideran una pieza esencial de la democracia parlamentaria. Con más de 850 miembros vitalicios, la Cámara de los Lores ha resistido durante siglos los intentos de reforma, pese a las crecientes presiones por modernizarla.
Jenny Jones, del Partido Verde, fue tajante: “A pesar de ser supuestamente una democracia moderna, tenemos un sistema semifeudal”. El gobierno laborista actual, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, ha propuesto eliminar las herencias parlamentarias que aún persisten desde el siglo pasado, pero enfrenta resistencia de los propios lores, que buscan preservar parte de la tradición.
Históricamente, la Cámara estuvo compuesta por nobles hereditarios, a quienes se unieron en los años 50 los llamados pares vitalicios. En 1999, el entonces primer ministro Tony Blair expulsó a la mayoría de los pares hereditarios, aunque permitió que 92 permanecieran temporalmente. Un cuarto de siglo después, Starmer intenta cerrar definitivamente ese capítulo.
Entre las funciones más importantes de los Lores se encuentra la revisión de leyes aprobadas por la Cámara de los Comunes. Sin embargo, sus detractores acusan a la Cámara Alta de excederse en ocasiones, como en el actual debate sobre la legalización de la muerte asistida, bloqueada por múltiples enmiendas.
Los escándalos no son nuevos. Algunos lores han sido condenados por delitos graves sin perder su título. Aunque hoy la ley permite expulsar a quienes incumplen el código de conducta o son condenados, todavía no se ha aplicado esta sanción. Casos como el de Mandelson —quien afronta una investigación policial por mala conducta en un cargo público, pero conserva su título de “Lord”— reavivan las críticas al sistema. También ha generado controversia la designación de Lord Doyle, antiguo jefe de gabinete de Starmer, por sus vínculos con una persona condenada por delitos de pornografía infantil.
Eliminar los títulos señoriales requeriría una nueva ley, algo que no sucede desde 1917. Aun así, los laboristas mantienen en agenda una reforma más amplia que sustituya la Cámara de los Lores por una institución representativa elegida democráticamente. Las transformaciones, sin embargo, avanzan lentamente. “La reforma de los Lores es glacial”, advirtió Meg Russell, politóloga del University College de Londres. Los recientes escándalos han incrementado la presión política sobre Starmer, a la vez que reabren el debate sobre la transparencia y el mérito en las designaciones.
Desde el Partido Verde, voces como la de Jones insisten en una solución más radical: abolir la Cámara de los Lores y crear un órgano legislativo electo que refleje la diversidad y la voluntad popular del Reino Unido.
