Una semana después de que grupos de migrantes presentaran una demanda, California anunció que retrasará hasta marzo la revocación de 17,000 licencias de conducir comerciales. La medida busca garantizar que los camioneros y conductores de autobús que cumplen con los requisitos legales puedan conservar sus permisos.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el estado podría perder 160 millones de dólares si no cumple con la fecha límite del 5 de enero. Duffy ya había retenido 40 millones en fondos federales, alegando que California no hace cumplir adecuadamente los requisitos de competencia en inglés para los camioneros.
La presión federal surgió luego de una auditoría que reveló múltiples irregularidades, como licencias válidas a pesar de que los permisos migratorios de algunos conductores ya habían expirado, o ausencia de registros que verificaran su estatus migratorio. “California NO tiene una ‘prórroga’ para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras”, escribió Duffy en la red social X.
El Departamento de Transporte ha intensificado la fiscalización desde que, en agosto, un camionero sin permiso legal en Estados Unidos provocó un accidente fatal en Florida que dejó tres muertos. En respuesta, California asegura que trabaja para fortalecer su sistema y satisfacer los requerimientos federales. Sin embargo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes le impidió reanudar la emisión de nuevas licencias en diciembre.
“Los conductores comerciales son una parte esencial de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos”, afirmó Steve Gordon, director del Departamento de Vehículos de Motor (DMV).
La Coalición Sij y el Asian Law Caucus, con sede en San Francisco, presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores migrantes, argumentando trato injusto. Tanto el camionero implicado en el accidente de Florida como el de otro choque fatal en California en octubre pertenecían a la comunidad sij.
Según datos del Departamento de Transporte, los migrantes constituyen el 20% de los conductores de camiones en Estados Unidos, pero solo el 5% posee licencias para inmigrantes no residentes, es decir, unas 200,000 personas. Las autoridades federales propusieron nuevas restricciones para limitar qué extranjeros podrían obtener estos permisos, aunque un tribunal bloqueó su implementación.
Mumeeth Kaur, directora jurídica de la Coalición Sij, calificó el retraso como “un paso importante para mitigar la amenaza inmediata que enfrentan estos conductores en sus vidas y medios de subsistencia”.
Duffy también había amenazado con retener fondos federales a California, Pensilvania y Minnesota debido a deficiencias similares. Finalmente, desistió de hacerlo en el caso californiano después de que el estado accediera a revocar los permisos señalados y prometiera cumplir con la normativa. Organizaciones del sector del transporte por carretera elogiaron las medidas para retirar de circulación a conductores no cualificados y reforzar el control sobre las escuelas de formación comercial.
