La gobernadora Jenniffer González Colón ha tomado una decisión que genera preocupación en el ámbito educativo de Puerto Rico al vetar el Proyecto del Senado (PS) 509, que establecía un protocolo escolar para atender el creciente problema del ausentismo escolar. Este protocolo buscaba implementar medidas de intervención interdisciplinaria para identificar y ayudar a estudiantes en riesgo de deserción, un problema que ha alcanzado cifras alarmantes en las escuelas públicas de la isla, donde la tasa de deserción ha llegado al 2.85% en primaria, 5.5% en secundaria y 8.65% entre estudiantes de Educación Especial, de acuerdo con datos oficiales.
El veto de este proyecto se produce en un contexto donde el Departamento de Educación había reconocido la necesidad de un proceso formal que activara intervenciones cuando se detectaran anomalías en la asistencia de los estudiantes. Este protocolo implicaba no solo la identificación temprana de estudiantes con problemas de asistencia, sino también la oferta de apoyo adecuado que previniera su deserción, algo vital para el futuro educativo del país.
En contraste, la gobernadora firmó otras medidas que, aunque no están directamente relacionadas con el ámbito educativo, sí buscan fomentar el desarrollo de Puerto Rico. Entre ellas se encuentra la “Ley Especial para Uniformar el Proceso de Titularidad de los Bienes Inmuebles del Gobierno”, que garantiza el reconocimiento ecológico de ciertas áreas y promueve la conservación y educación ambiental, según declaraciones de la gobernadora. "Con esta ley, el gobierno formaliza el reconocimiento ecológico del área y garantiza la continuidad de los esfuerzos de conservación, educación ambiental, investigación científica y manejo sostenible".
Además, el PS 567, que también fue firmado, busca crear un ‘Destino Turístico Paraíso del Este’, lo que refleja un enfoque del gobierno en potenciar el turismo en la isla. En total, se asignaron $1,352,861 a varios municipios para financiar estas iniciativas, una acción que ha sido bien recibida por algunos sectores, pero que deja a la educación en un segundo plano.
El senador Héctor Joaquín Sánchez, autor del PS 509, expresó su descontento con el veto, subrayando que las medidas de intervención eran esenciales para combatir el ausentismo crónico. "Este protocolo era acorde con la principalísima responsabilidad que la Constitución le impone al gobierno de Puerto Rico de proveer un sistema de instrucción pública", afirmó Sánchez.
La decisión de la gobernadora ha sido objeto de críticas, especialmente entre educadores y padres que ven en la falta de un protocolo un retroceso en los esfuerzos por mejorar la educación en la isla. La situación del ausentismo escolar es un tema candente que requiere atención inmediata, y muchos se preguntan si estas nuevas leyes realmente abordarán las necesidades urgentes del sistema educativo puertorriqueño.
A medida que se implementan estas nuevas leyes, la comunidad educativa seguirá de cerca el impacto que tendrá el veto del protocolo y cómo el gobierno responderá a la crisis de deserción escolar en un momento crítico para la educación en Puerto Rico.
Fuentes: aldia.microjuris.com, El Vocero, wipr.pr
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