La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada de asesinar a Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmara un dictamen que valida la procesabilidad de la joven. La decisión, emitida el jueves, desestimó la solicitud de la defensa de paralizar el proceso al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, que permite evaluar la capacidad mental de una persona para enfrentar juicio.
El panel apelativo, compuesto por los jueces Ivelisse Domínguez Irizarry, Joel A. Cruz Hiraldo e Isaías Sánchez Báez, determinó que la evidencia presentada —incluido el informe de la psiquiatra forense Rosa E. Negrón Muñoz— no demostró que Avilés carezca de comprensión suficiente del proceso. Según el fallo, la acusada “comprende la naturaleza y el propósito de los procedimientos en su contra y puede colaborar con su defensa”.
El tribunal también recalcó que las evaluaciones médicas no justifican una nueva suspensión del caso y señaló que la joven de 18 años tiene las facultades necesarias para seguir el juicio junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.
El caso se origina en una trifulca ocurrida entre el 10 y el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito, donde Pratts Rosario y otro menor resultaron heridos con arma blanca. La víctima falleció en un hospital local. Por estos hechos, se presentaron cargos contra Avilés y su madre.
Aunque inicialmente la joven fue declarada no procesable, una reevaluación médica posterior determinó que sí podía enfrentar juicio. La defensa, integrada por María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal, insistió en que Avilés tiene limitaciones intelectuales que afectan su capacidad cognitiva y su madurez emocional. No obstante, el Apelativo concluyó que tales limitaciones no impiden que entienda el proceso y colabore con sus abogadas.
Durante su evaluación, Avilés demostró conocimiento básico de los cargos: identificó los delitos de asesinato y de armas, describió sus diferencias y explicó los roles de la jueza, la fiscalía y la defensa. El tribunal interpretó sus respuestas como evidencia de comprensión funcional del proceso penal.
El fallo añade que una discapacidad intelectual, por sí sola, no convierte a una persona en no procesable, siempre que pueda entender los cargos y asistir a su defensa. El tribunal subrayó además que los foros revisores solo deben intervenir en determinaciones inferiores si existe prejuicio o abuso de discreción.
Finalmente, el dictamen reconoce que puede considerarse la concesión de acomodos razonables durante el juicio, permitiendo que la acusada participe de forma adecuada si se le explica en lenguaje simple y se le brinda el tiempo necesario para comprender la información.
