La gobernadora Jenniffer González ha dado un paso significativo hacia la creación de un modelo de alianzas público privadas para mejorar la infraestructura de albergues destinados a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Este enfoque se materializa a través de la nueva Ley 143-2026, que busca facilitar la colaboración entre el gobierno y entidades privadas, promoviendo el desarrollo de proyectos que fortalezcan la red de protección y servicios para estas mujeres.
La Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) ha sido una herramienta clave en la construcción y mantenimiento de infraestructura pública en la isla. Entre 2021 y 2025, los nueve albergues asociados a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género brindaron apoyo a 1,851 mujeres y 2,483 menores que han sufrido violencia doméstica. Este dato resalta la necesidad de recursos adecuados y sostenibles para atender la creciente demanda de servicios.
Sin embargo, la Red Nacional de Albergues ha expresado reservas sobre esta nueva medida. Nitza Morán, senadora y autora de la Ley 144-2026, junto a otros líderes, están evaluando el impacto que estas alianzas podrían tener en la operación y efectividad de los albergues. La preocupación radica en que la privatización de estos servicios podría comprometer la calidad y accesibilidad de la atención que reciben las víctimas.
González explicó que estas leyes forman parte de una estrategia más amplia para mejorar el apoyo a las mujeres en situaciones de violencia, señalando que "facilitar el desarrollo de infraestructura especializada que fortalezca la red de protección y servicios dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, promoviendo la colaboración entre el gobierno y entidades con la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos" es esencial para el avance social en Puerto Rico.
Además de la Ley 143-2026, la gobernadora también ha firmado la Ley 145-2026, que fue propuesta por el representante José Aponte, y que complementa estas iniciativas en pro de la protección de las víctimas. Estas acciones reflejan un compromiso por parte de la administración de González para abordar la crisis de violencia de género en la isla, pero también subrayan la necesidad de un diálogo constante con las organizaciones que trabajan directamente con las víctimas.
Mientras tanto, la comunidad y los defensores de los derechos de las mujeres continúan observando de cerca la implementación de estas leyes y su impacto real en la vida de las sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Las alianzas público privadas podrían ofrecer recursos vitales, pero es crucial que se mantenga la integridad y la misión de los servicios brindados a las víctimas.
Fuentes: nelpr.com, El Vocero, fvdigital.do
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