La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha instado a la gobernadora Jenniffer González Colón a no firmar un proyecto de ley que convertiría a los alguaciles judiciales en servidores públicos de alto riesgo. Esta medida, según la JSF, podría incrementar los cargos del sistema de pago de pensiones del gobierno en $1.2 millones para el año fiscal 2026, y podría alcanzar los $2.1 millones para el año fiscal 2030. La advertencia fue expresada en una carta firmada el 30 de julio, donde la JSF califica la acción como "fiscalmente irresponsable" y en contravención del Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 1021 enmienda la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno (Ley 447-1951), estableciendo que los alguaciles judiciales tendrían derecho a un retiro anticipado al cumplir 55 años y haber acumulado 30 años de servicio. Sin embargo, la JSF ha señalado que promulgar leyes que suponen un incumplimiento del Plan de Ajuste y la orden del Tribunal que lo confirmó expone al Gobierno de Puerto Rico a riesgos de litigación innecesarios y costosos. En su carta, la JSF exhorta a González a reconsiderar esta legislación, advirtiendo que tales acciones podrían traer graves consecuencias financieras.
Esta situación se da en un contexto donde la gobernadora ha estado firmando diversas leyes que buscan reforzar los derechos de los servidores públicos, incluyendo otras medidas que protegen los beneficios de los policías de Puerto Rico. Según reportes de El Nuevo Día, el 20 de julio, González reafirmó su compromiso con la protección de los fondos de retiro de estos empleados. Sin embargo, la JSF parece tener una postura crítica respecto a la carga fiscal que estas medidas podrían acarrear.
La discusión sobre el estatus de los alguaciles y su clasificación como servidores de alto riesgo ha generado un debate considerable en la Asamblea Legislativa. Algunos legisladores, como Thomas Rivera Schatz, han defendido la necesidad de estas reformas, argumentando que es esencial reconocer el trabajo y los riesgos que enfrentan estos funcionarios en su labor diaria.
Mientras tanto, la JSF continúa presionando para que se mantengan los límites establecidos en el Plan Fiscal, el cual busca estabilizar la economía de Puerto Rico tras años de crisis. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, cualquier incremento en los gastos del gobierno debe ser cuidadosamente evaluado para no comprometer la recuperación económica del país. La JSF ha dejado claro que espera que la gobernadora no promulgue el P. del S. 1021, resaltando la importancia de actuar con responsabilidad fiscal en un momento crítico para la isla.
Fuentes: Metro Puerto Rico, esnoticiapr.com, El Vocero
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