Alertan que proyecto sobre la zona marítimo terrestre pondría en riesgo playas y ambiente

Organizaciones ambientales y jurídicas advierten que el PC 25 afectaría la protección costera y el acceso público a las playas.
En tanto, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, argumentó que el proyecto de ley “no le roba las playas a nadie”

Más de 50 organizaciones se manifestaron frente al Capitolio para rechazar el Proyecto de la Cámara (PC) 25, que busca redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT) de Puerto Rico. Dentro del hemiciclo, una docena de deponentes advirtieron que la medida, presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, podría debilitar la protección ambiental y limitar el acceso ciudadano a las playas.

Solo cuatro senadores participaron en la vista pública: Marissa Jiménez Santoni, presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales; María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño; Héctor Joaquín Sánchez, del Partido Nuevo Progresista; y el independiente Eliezer Molina. Jiménez Santoni adelantó que podrían celebrarse nuevas vistas y mesas de trabajo ante la controversia generada.

La Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico planteó que el proyecto “reduce el tamaño de la zona marítimo terrestre y desplaza áreas costeras hacia la esfera privada”, lo que afectaría ecosistemas críticos como dunas y zonas de amortiguamiento, además de debilitar el derecho colectivo al uso de las playas.

Otras organizaciones, como Murciélagos Beach Defenders, resaltaron que la propuesta desconoce el impacto del cambio climático y del aumento del nivel del mar. “Redefinir la ZMT sin considerar la marejada ciclónica pone en riesgo derechos fundamentales de seguridad y justicia ambiental”, señalaron en su ponencia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico advirtió que, aunque el proyecto reafirma la ZMT como bien público, restringe su extensión al establecer que tierra adentro comienzan los bienes de dominio particular, limitando las servidumbres de salvamento y vigilancia costera a un máximo de 20 metros.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, defendió la medida: “Quiero dejar claro que este proyecto no le roba las playas a nadie. Aquí no hay ningún cambio”. Sin embargo, apoyó introducir enmiendas para aclarar los términos de “servidumbre” y eliminar los de “salvamento” y “vigilancia”. Durante la vista, surgió un enfrentamiento verbal con el senador Molina, quien exclamó: “A mí, me van a tener que matar para robarle las playas de mi país”.

Entre los organismos que apoyan el PC 25 se encuentran el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Constructores, autora de la definición de ZMT incluida. En contraste, la oposición reúne a Sierra Club Puerto Rico, Arrecife Condado Inc., Resiliency Law Center, Cambio PR, Salvemos a Playuela y Amigxs del M.A.R.

El licenciado Francisco Aquino, de Cambio PR, criticó que el proyecto ignora criterios meteorológicos esenciales: “Ignorar la meteorología y apostar a la predecibilidad nos expone a riesgos mayores a largo plazo, especialmente con el cambio climático y el aumento del nivel del mar”.

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