El alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, se encuentra en el centro de una controversia tras una querella ética presentada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Según la denuncia, Rivera Rodríguez nombró a su cuñada, Mayra Luz Borrero Torres, a un cargo transitorio en el programa Head Start, lo que podría constituir una violación de la Ley de Ética Gubernamental. La querella, presentada el 26 de junio, alega que el alcalde abusó de su poder al otorgar dos nombramientos a favor de Borrero Torres, quienes se detallan en la acusación, donde se indica que su remuneración mensual sería de $1,961.00 durante el tiempo que estuvo en funciones, que se extendió del 17 de junio al 31 de diciembre de 2025.
La OEG le otorgó a Rivera Rodríguez un plazo de 20 días laborales para responder a las alegaciones de nepotismo. Las acusaciones se basan en el artículo 4.2 de la Ley de Ética, que prohíbe a funcionarios públicos hacer nombramientos que beneficien a familiares directos. Este tipo de situaciones no son nuevas en la política puertorriqueña, y el caso de Rivera Rodríguez ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en el gobierno local.
Además, es importante destacar que en mayo de este año, la OEG ya había multado al alcalde con $3,000 por utilizar un vehículo oficial para fines personales, lo que añade más peso a las acusaciones en su contra. La comunidad de Guayanilla, que sigue de cerca estos desarrollos, ha expresado su preocupación por la gestión del alcalde y la posibilidad de que estas acciones afecten la confianza pública en su administración.
La situación también ha generado interés dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), del cual Rivera Rodríguez es miembro. Las reacciones dentro del partido podrían influir en su futuro político, especialmente si se comprueba la veracidad de las acusaciones. La OEG tiene la responsabilidad de investigar a fondo el caso y determinar si se impone alguna sanción adicional, lo que podría incluir la destitución del alcalde y otras repercusiones legales.
En una era donde la ética en el servicio público es más crítica que nunca, este caso podría sentar un precedente sobre las acciones relacionadas con el nepotismo en el gobierno local. La OEG y el Departamento de Hacienda también están pendientes de la evolución de esta situación, así como la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), quienes podrían verse implicados en un futuro si la controversia se agrava.
Fuentes: periodicovision.com, El Vocero, local10.com
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