Seis presuntos integrantes de una organización criminal con base en Añasco enfrentan cargos federales por dirigir una red de narcotráfico a gran escala, con conexiones en Venezuela, Colombia y República Dominicana, según informó la Fiscalía federal.
La acusación vincula al grupo no solo con narcotráfico, sino también con asesinatos, lavado de dinero y violaciones a la ley de armas, presuntamente cometidos para proteger sus operaciones. De acuerdo con la Fiscalía, la organización usaba embarcaciones para transportar cargamentos de cocaína desde Sudamérica y el Caribe hacia Puerto Rico, y luego hacia Estados Unidos. Las ganancias se habrían utilizado para adquirir armas, municiones, propiedades, vehículos y embarcaciones, así como para rentar residencias destinadas al almacenaje de drogas.
En total, el pliego incluye 22 cargos, entre ellos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lavado de dinero, represalia contra testigos y transacciones monetarias ilegales mayores de $10,000.
“Esta acusación no solo alega delitos violentos, sino que también alega que estos delitos fueron cometidos de manera abierta y descarada, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, señaló el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.
La investigación federal relaciona al grupo con una serie de asesinatos ocurridos entre 2020 y 2022 en el oeste de la isla y en Florida, presuntamente motivados por una disputa tras el secuestro de uno de sus líderes en abril de 2020. Ese secuestro habría desencadenado una ola de venganzas. Uno de los ataques ocurrió el 21 de mayo de 2020 en Añasco, cuando presuntos miembros del grupo dispararon contra un vehículo creyendo que allí se encontraba un rival. En el tiroteo murieron la pareja consensual de ese supuesto enemigo y su hija de ocho años.
Según la acusación, otros asesinatos se registraron posteriormente en Mayagüez y, más tarde, en Florida. Entre las víctimas figuran personas asociadas al secuestro original y un individuo que luego cooperó con las autoridades, quien fue ultimado en octubre de 2021 como represalia por su colaboración.
Los acusados fueron identificados como Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano” y “El Viejo”; Rafael Ángel Ruiz Garcés, alias “Pito Rancho”, “Pito” y “El Flaco”; César E. Carrero Martínez, alias “Waldy”; Jonathan Hernández Ruiz, alias “Tan”; Luis J. Irizarry Zapata, alias “Luijo”; y Luis F. Rivera Quiñones, alias “Nino”. Según las autoridades federales, estos ocupaban roles de liderazgo, transporte, ejecución y lavado de dinero dentro de la organización.
El pliego solicita además el decomiso de propiedades en Aguada, Añasco y Cabo Rojo, así como dos embarcaciones utilizadas en las operaciones.
De ser hallados culpables, enfrentan sentencias de hasta cadena perpetua. Valentín Vega e Irizarry Zapata podrían también ser elegibles para la pena de muerte, según la Fiscalía federal.
