Días antes de la operación militar que removió a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, los abogados de la administración Trump aprobaron la acción al determinar que “no alcanzaría el nivel de una guerra en el sentido constitucional” y que serviría a “importantes intereses nacionales”. Así consta en un dictamen legal recientemente divulgado que expone una amplia interpretación del poder presidencial.
La versión censurada del documento, emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y publicada esta semana, detalla cómo la administración concluyó que existía fundamento legal para destituir a Maduro como presidente mediante una sorpresiva operación militar nocturna realizada el 3 de enero.
Fechado el 23 de diciembre, el texto de 22 páginas fue preparado para el asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El debate central giraba en torno a si el presidente Donald Trump podía ordenar al ejército asistir a las fuerzas del orden en la remoción de Maduro para que enfrentara un proceso penal en Estados Unidos.
El dictamen respondió afirmativamente, citando cinco razones: las “graves” acusaciones de conspiración de narcotráfico contra Maduro, sus “actividades altamente peligrosas”, la necesidad de proteger a civiles en Venezuela, y el posible enfrentamiento con una “resistencia armada” que, según se advirtió, podría incluir hasta 200 guardias enviados por otro país para resguardar al mandatario.
Aunque el documento reconoce riesgos significativos en una acción militar, los abogados estimaron improbable que la operación derivara en una guerra total que requiriera aprobación del Congreso. También aclararon que no existía un plan de contingencia para ocupar Venezuela si la destitución causaba disturbios internos.
Líderes republicanos afirmaron no haber sido informados previamente sobre la incursión para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Paralelamente, el Senado estadounidense avanzó una resolución para limitar la capacidad de Trump de ordenar nuevas operaciones en Venezuela, en señal de desaprobación ante sus crecientes acciones en el hemisferio occidental. El presidente instó a los senadores republicanos a votar en contra de la medida.
El dictamen concluye que, según la evaluación de las intenciones de Estados Unidos, no se planeaban acciones que pudieran “equivaler a una guerra constitucional”, reafirmando así la posición legal empleada para justificar la intervención militar.
