La promesa suena irresistible: cheques de $2,000 directos al bolsillo de los ciudadanos, financiados, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el dinero recaudado por los aranceles.
El mandatario republicano volvió a poner la idea sobre la mesa, desatando entusiasmo entre algunos sectores y cuestionamientos de expertos que advierten sobre dudas legales y de financiamiento.
En una entrevista concedida a The New York Times el pasado 7 de enero, Trump afirmó que los pagos podrían entregarse “hacia fin de año”, argumentando que los ingresos generados por los aranceles serían “tan sustanciales” como para cubrir el desembolso. La transcripción completa de la conversación, que duró alrededor de dos horas, fue publicada el 11 de enero, reavivando el debate sobre la propuesta.
“El dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los $2,000 en algún momento. Diría que hacia fin de año”, expresó Trump durante la entrevista.
Aunque no dio una fecha precisa ni realizó un anuncio formal, sus declaraciones reflejan que el tema continúa en agenda. Según sus palabras, los ciudadanos podrían recibir el pago de estímulo antes de que concluya el 2026.
Consultado sobre si necesitaría la aprobación del Congreso federal para desembolsar los fondos, Trump respondió: “No, no creo que lo necesitemos. Tenemos ingresos provenientes de otras fuentes”. Sin embargo, expertos recordaron que el poder constitucional de asignar fondos públicos recae en el Congreso, tal como ocurrió con los cheques de estímulo aprobados durante la pandemia de COVID-19.
“Tenemos un crecimiento tremendo en el país. Tenemos ingresos por aranceles que son tremendos. Nos han dado una seguridad nacional tremenda”, añadió el presidente.
Analistas consultados por medios estadounidenses mostraron cautela ante la promesa. Si los cheques se distribuyeran bajo criterios similares a los estímulos de la pandemia, una ronda podría costar hasta $600,000 millones, el doble de los aproximadamente $300,000 millones que se estima recaudarían anualmente los aranceles.
Además, la viabilidad de la propuesta dependería de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no invalide los amplios aranceles globales impuestos durante la administración de Trump.
