La jueza federal Katherine Menéndez decidió no imponer, por el momento, restricciones a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. La petición fue presentada por el estado y las ciudades de Mineápolis y St. Paul tras la muerte de Renee Good, de 37 años, abatida por un agente federal durante una redada.
El caso ha generado protestas en Mineápolis, donde residentes expresaron indignación ante la presencia de agentes federales enviados por la Administración Trump pese al rechazo de las autoridades locales. En respuesta, ICE y otras agencias intensificaron las operaciones, realizando detenciones en viviendas y en las calles, incluso de conductores.
“Necesitamos una pausa. Hay que bajar la temperatura”, declaró el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter, al pedir la suspensión de las acciones migratorias. Sin embargo, la jueza Menéndez sostuvo que el caso continuará bajo revisión prioritaria y otorgó al Departamento de Justicia hasta el lunes para responder a la solicitud estatal. Luego, las partes locales tendrán algunos días más para replicar.
La Administración de Trump informó que sus agentes han arrestado a docenas de refugiados y revisarán sus casos individualmente. Mineápolis y St. Paul son consideradas ciudades santuario, al limitar su cooperación con las autoridades migratorias para proteger a inmigrantes indocumentados.
Ambas urbes albergan una significativa comunidad somalí, a la que Trump ha acusado de “destrozar” el estado y de cometer fraude con ayudas sociales, justificación que utilizó para enviar agentes migratorios.
En medio de estas tensiones, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado por aplicar políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), prohibidas por la actual administración republicana. La fiscal general Pam Bondi afirmó: “Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas DEI.”
