Washington — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) determinó que no hay fundamento para iniciar una investigación penal de derechos civiles relacionada con la muerte de Renee Good, una mujer abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. La decisión, comunicada por un alto funcionario del DOJ, contrasta con la rapidez con que administraciones anteriores han abierto investigaciones similares sobre tiroteos de agentes federales contra civiles.
Aunque el FBI mantiene su propia pesquisa, los abogados de la División de Derechos Civiles fueron notificados la semana pasada de que no participarían por el momento, según fuentes anónimas. El fiscal general adjunto Todd Blanche reforzó la determinación al afirmar que “actualmente no hay fundamento para una investigación penal de derechos civiles”. El comunicado no explicó cómo se llegó a esa conclusión.
Autoridades federales sostienen que el agente de ICE actuó en defensa propia, alegando que la víctima conducía su vehículo hacia él en lo que calificaron como “un acto de terrorismo doméstico”. Sin embargo, el anuncio del DOJ, emitido antes de que se completara la investigación, ha generado inquietud entre funcionarios y legisladores de Minnesota. A las autoridades estatales se les ha impedido acceder a pruebas clave bajo el argumento de que carecen de jurisdicción.
A la controversia se suma la renuncia de varios fiscales federales en Minnesota, incluido el Primer Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Joseph Thompson, en medio de tensiones internas. Otras dimisiones en la División de Derechos Civiles en Washington reflejan un clima de agitación y descontento dentro del DOJ, que ya había experimentado un éxodo de abogados bajo la administración Trump.
La senadora Amy Klobuchar calificó las renuncias como “una pérdida para nuestro estado y para la seguridad pública”, mientras el gobernador Tim Walz expresó preocupación por la posible presión política sobre los funcionarios de carrera del departamento. El DOJ negó que las salidas estén vinculadas al caso de Minnesota, señalando que algunos fiscales ya habían solicitado participar en un programa de jubilación anticipada.
La División de Derechos Civiles, con casi 70 años de historia, ha liderado investigaciones similares en casos como la muerte de George Floyd en 2020, que derivó en acusaciones penales. Kristen Clarke, exdirectora de la división bajo la administración Biden, lamentó la decisión del DOJ y subrayó que la ausencia de una revisión federal profunda socava la confianza pública. “El dolor y la ansiedad que se viven en Minnesota no son sorprendentes”, advirtió.
La exclusión de la división marca un giro respecto a la tradición de que el gobierno federal actúe como árbitro imparcial en incidentes de fuerza letal por parte de agentes federales. En esta ocasión, la administración Trump ha optado por limitar el alcance de la intervención federal en asuntos de potencial violación a los derechos civiles.
