Un empleado del ayuntamiento de Nueva York fue arrestado como parte de la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, lo que provocó la indignación de funcionarios locales y desató protestas frente al centro de detención de Manhattan donde permanece recluido.
El detenido, identificado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como Rafael Andrés Rubio Bohorquez, habría permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa de turista y, según la agencia, “no tenía derecho legal para estar en Estados Unidos”.
Julie Menin, presidenta del ayuntamiento, negó esas acusaciones y sostuvo que Rubio Bohorquez, analista de datos en la unidad legislativa de la ciudad, contaba con autorización legal para trabajar hasta octubre. Afirmó además que el empleado había pasado todos los controles de antecedentes requeridos durante su contratación.
Tras su arresto, la New York Immigration Coalition y el New York Legal Assistance Group interpusieron una solicitud judicial para lograr su liberación. Menin y el representante federal Dan Goldman anunciaron el recurso en un comunicado conjunto. “Estamos haciendo todo lo posible para lograr su liberación inmediata”, dijo Menin, quien calificó la detención como “un flagrante abuso de poder gubernamental”.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sentirse “indignado” y consideró el hecho “un ataque a nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores”. Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul declaró que el caso demuestra cómo “la aplicación de las leyes de inmigración se utiliza como arma”, advirtiendo que detener a personas en citas rutinarias “socava la confianza y propaga el miedo”.
Rubio Bohorquez, originario de Venezuela, fue detenido en Bethpage, Long Island, cuando acudía a una cita de inmigración. “Este empleado hizo todo correctamente, y aun así el ICE lo detuvo ilegalmente”, denunció Lisa Rivera, presidenta del New York Legal Assistance Group. La organización representa a decenas de personas que aseguran haber sido detenidas injustamente.
Según el ICE, el venezolano llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa B2 y debía salir antes del 22 de octubre de ese mismo año. Menin indicó que llevaba alrededor de un año trabajando para la ciudad, con un salario anual de $129,315. La agencia sostuvo que “no tenía permiso de trabajo” y reiteró que, bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, continuará arrestando a quienes permanezcan ilegalmente en el país.
Decenas de manifestantes se congregaron frente al Edificio Federal del Gran Nueva York con pancartas que decían “Abolir al ICE” y “Ningún ser humano es ilegal”.
El caso ha reavivado el debate sobre la confiabilidad del sistema E-Verify, usado para comprobar el estatus laboral de empleados. Una auditoría de la Oficina del Inspector General en 2021 determinó que el sistema presenta deficiencias que impiden garantizar la precisión de los resultados sobre elegibilidad de empleo.
