Un juez federal canceló esta semana el juicio de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error, y ordenó celebrar una audiencia para determinar si la fiscalía actuó de manera vengativa al procesarlo por contrabando de personas en Tennessee.
Ábrego García se volvió una figura clave en el debate sobre inmigración luego de que la administración del presidente Donald Trump lo deportara en marzo a una prisión en El Salvador. La medida provocó presión pública y una orden judicial que obligó a su retorno a Estados Unidos en junio. Sin embargo, al llegar, enfrentó una orden de arresto por cargos de tráfico de personas.
El juez Waverly D. Crenshaw, Jr. señaló en una orden emitida el martes que el acusado presentó pruebas suficientes para celebrar una audiencia sobre la alegada persecución selectiva. La vista fue programada para el 28 de enero. En ella, los fiscales deberán explicar las razones detrás de sus acusaciones; de no hacerlo de forma convincente, los cargos podrían ser desestimados.
Según los documentos del caso, Ábrego García fue detenido en 2022 mientras conducía un vehículo con nueve pasajeros. Los agentes discutieron sus sospechas de contrabando, pero finalmente lo dejaron ir con una advertencia. Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó después que la investigación formal no comenzó hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó a la administración Trump repatriarlo desde El Salvador.
Años antes, un juez de inmigración le había otorgado protección ante una posible deportación al considerar que su vida estaría en peligro en su país debido a una pandilla que amenazaba a su familia. Gracias a esa orden, Ábrego García —quien tiene esposa e hijo estadounidenses— obtuvo permiso para vivir y trabajar bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Funcionarios del gobierno de Donald Trump han alegado que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13, acusación que él rechaza con firmeza. No tiene antecedentes penales. El resultado de la audiencia podría definir si el proceso en su contra continúa o se descarta por motivaciones políticas.
