Las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies solicitaron al Tribunal Federal acceso limitado al Paseo del Morro, en el Viejo San Juan, mientras se realiza un proyecto de restauración a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Ambas entidades alegan que el cierre completo del área, por más de un año, pone en riesgo la vida de los gatos comunitarios que habitan en la zona.
El 19 de diciembre, las organizaciones presentaron una moción de interdicto preliminar ante la corte del Distrito de Columbia, con el fin de garantizar la continuidad del programa TNR (atrapar, esterilizar y devolver), que Save a Gato lleva dirigiendo desde hace dos décadas en el sector del Castillo San Felipe del Morro.
Según la moción, las entidades han intentado resolver la situación mediante comunicaciones con las agencias demandadas, pero estas han insistido en mantener el cierre total. Save a Gato propuso que se le permitiera acceder con un solo representante durante “pocas horas al día”, varias veces por semana y bajo supervisión del personal federal.
El pleito judicial está dirigido contra el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) y el USACE. Las organizaciones sostienen que el proyecto de estabilización del acantilado del bastión de San Fernando incumple con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley Orgánica del NPS y la Ley federal de Procedimiento Administrativo. Además, denuncian que el plan de remoción de gatos aprobado por el NPS en 2023 viola sus propios parámetros, al establecer la eliminación de comederos mientras se capturan los animales.
El tramo que será cerrado incluye tres de los seis comederos del programa TNR. Los demandados, por su parte, notificaron que prevén iniciar el cierre parcial del Paseo a partir del 26 de enero, debido a retrasos en la obra conocida como “Cliff Project”. También sostienen que invitaron a Save a Gato a reubicar los comederos en áreas accesibles.
Las entidades de bienestar animal argumentan que permitir visitas supervisadas fuera del horario de construcción no ocasiona “ningún daño material” a las agencias federales, y posibilitaría que el programa continúe mientras avanzan los trabajos.
La demanda —presentada a inicios de diciembre— advierte que el proyecto podría extenderse hasta 18 meses y “poner en peligro la vida y el bienestar de los gatos comunitarios, causándoles sufrimiento y una amenaza inmediata para su supervivencia”.
El caso se suma a la controversia generada por el plan del NPS que busca remover unos 200 gatos del Paseo del Morro. En marzo de 2024, Alley Cat Allies presentó una demanda en la que Save a Gato se unió posteriormente, argumentando que la agencia federal carece de jurisdicción sobre la vereda y que su plan viola la ley NEPA.
Desde 2022, residentes del Viejo San Juan y defensores de los animales han rechazado la remoción de los felinos, advirtiendo posibles problemas de salubridad por el aumento de roedores y el impacto negativo que tendría en el turismo, ya que los gatos se han convertido en un atractivo para visitantes de todo el mundo.
