El empresario convicto Oscar Santamaría solicitó autorización al Tribunal Federal en San Juan para viajar fuera de Puerto Rico luego de completar su sentencia de cárcel. Según el Negociado Federal de Prisiones de Estados Unidos, Santamaría terminó este lunes la sentencia impuesta por el juez Raúl Arias Marxuach en marzo de 2024.
Su condena, de 30 meses de prisión, comenzó en mayo de 2024 y concluyó en 20 meses debido a que desde el 22 de diciembre inició un periodo de tres años de libertad condicionada. Al día siguiente de su liberación, su abogada presentó una moción para que se le permita viajar con su esposa e hijos a Colorado del 1 al 10 de enero en un viaje de reunificación familiar.
En la solicitud, la defensa argumentó que el acusado ha estado separado de su familia desde su encarcelamiento, lo que ha sido una experiencia difícil, y que desea participar en un viaje para sanar el trauma de esa separación. Además, la Fiscalía federal indicó que no se opone al viaje siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal y los Servicios Previos al Juicio.
Santamaría, además de la prisión y la libertad supervisada, fue condenado a pagar una multa de $100,000 y a la confiscación de $6 millones, ordenada por el tribunal en mayo de 2024. Documentos judiciales revelan que mantuvo esquemas de corrupción con varios municipios, entre ellos Cataño, Guaynabo, Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao.
El empresario se declaró culpable en 2021 por un cargo de conspiración para sobornos y comisiones ilegales. Su cooperación con las autoridades permitió procesar a varios alcaldes y funcionarios. Durante la vista de sentencia, el juez Arias Marxuach señaló que Santamaría “tenía todas las herramientas para seguir adelante con honestidad”, dado su nivel académico, pero decidió involucrarse en múltiples esquemas ilegales.
Empresas suyas como Island Builders, Waste Collection y VIP Healthcare obtuvieron contratos multimillonarios en varios municipios. Según su acuerdo de culpabilidad, entre 2017 y 2021 Santamaría pagó $2,000 semanales al entonces alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, mientras sus compañías recibían más de $39 millones en contratos con ese municipio.
El contratista convicto Mario Villegas Vargas lo identificó como líder de un esquema que incluía a empresarios y profesionales que aportaban fondos para sobornar a candidatos y funcionarios municipales. Los documentos también establecen que Delgado grabó en video parte de sus interacciones ilegales, evidencia que más tarde fue clave para las autoridades. Gracias a su cooperación, Santamaría se convirtió en testigo principal en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, condenado a cinco años de prisión.
En su testimonio, Santamaría relató que las autoridades le dieron dos horas para aceptar su culpabilidad y que, tras consultar con su esposa y abogado, decidió declararse culpable y colaborar con el FBI. Entre sus acciones cooperativas estuvo grabar entregas de dinero en efectivo a funcionarios, material que sirvió como prueba en varios procesos judiciales.
