Una coalición formada por 19 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, su secretario Robert F. Kennedy Jr. y su inspector general. El recurso impugna una declaración que, según la querella, podría obstaculizar el acceso de jóvenes a tratamientos médicos de afirmación de género.
La declaración, emitida el pasado jueves, calificó de inseguros e ineficaces procedimientos como los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y las cirugías para menores con disforia de género. Además, advertía que los médicos que ofrezcan estos servicios podrían ser excluidos de programas federales como Medicare y Medicaid.
El documento motivó la rápida reacción de los estados, que alegan que la declaración es inexacta e ilegal, y solicitan al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Eugene, Oregón, que impida su implementación. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera la demanda, advirtió: “La secretaria Kennedy no puede cambiar unilateralmente las normas médicas publicando un documento en Internet, y nadie debe perder acceso a atención médica necesaria porque el gobierno federal intente interferir en decisiones clínicas”.
Según la demanda, el HHS habría intentado coaccionar a los proveedores médicos para que abandonen la atención que respalda la identidad de género de los jóvenes, sin cumplir con los procesos legales de notificación y consulta pública exigidos por ley antes de modificar políticas de salud.
Un portavoz del HHS declinó ofrecer comentarios. La declaración se basa en un informe revisado por expertos que recomienda priorizar la terapia conductual sobre los tratamientos médicos de afirmación de género. Dicho informe ha sido criticado por importantes organizaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense, que mantienen su respaldo a este tipo de atención.
El mismo día, el HHS presentó dos propuestas de normas federales: una que eliminaría el financiamiento de Medicare y Medicaid a hospitales que realicen estos tratamientos en menores, y otra que prohibiría destinar fondos federales de Medicaid a tales procedimientos. Aunque ambas propuestas aún no son definitivas, organizaciones médicas temen que disuadan a más proveedores de ofrecer este tipo de atención.
Actualmente, menos de la mitad de los programas estatales de Medicaid cubren la atención de afirmación de género. Al menos 27 estados han aprobado leyes que restringen o prohíben dichos servicios, y tras una reciente decisión del Tribunal Supremo que mantuvo la prohibición en Tennessee, se espera que la mayoría de esas leyes sigan vigentes.
