La jueza federal Laura Taylor Swain delineó un calendario que se extiende hasta febrero de 2026 para que las partes argumenten ante qué foro deben resolverse las demandas presentadas por el gobierno de Puerto Rico con el fin de declarar nulo el contrato con LUMA Energy.
La orden de Swain, que separa la discusión jurisdiccional de otros elementos en controversia, sigue un término intermedio entre los plazos propuestos por la administración de Jenniffer González y los sugeridos por LUMA Energy en una moción conjunta presentada el lunes. Según lo dispuesto, las mociones para devolver los casos al tribunal estatal deberán radicarse a más tardar el 12 de enero de 2026; las oposiciones deberán someterse el 2 de febrero, y las réplicas, el 16 de febrero.
La jueza también estableció que LUMA tendrá 21 días para responder a las demandas luego de que se resuelva cualquier moción de devolución o abstención, o, si no se presentan, hasta el 2 de febrero de 2026. Swain designó a la magistrada Judith Dein, quien la asiste en los casos del Título III bajo la ley Promesa, para manejar los trámites de las dos demandas.
El 11 de diciembre, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acudieron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se declare la nulidad del contrato con LUMA y que se ordene al consorcio entregar información esencial para una eventual transición. Posteriormente, LUMA trasladó ese pleito al foro federal, y el 16 de diciembre, la gobernadora Jenniffer González radicó otra demanda similar ante el tribunal estatal, que también fue removida por LUMA al Tribunal Federal.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en una moción conjunta exigida por Swain, coincidió con LUMA en que los casos deben ventilarse en el Tribunal Federal. En su escrito, la JSF advirtió que el gobierno “parece decidido a devolver el sistema eléctrico a manos públicas, en contravención del plan fiscal de la AEE”, declaración que los abogados del Estado rechazaron, alegando que lo que se busca es contratar a otro operador privado.
LUMA y la JSF habían propuesto extender los alegatos jurisdiccionales hasta el 9 de marzo, mientras que los demandantes plantearon un calendario más breve. Aunque Swain fijó un solo calendario, los casos no fueron consolidados, por lo que ambos procesos seguirán separados.
La JSF reiteró que la continuidad del manejo privado de la red eléctrica es clave para la reestructuración financiera de la AEE bajo el Título III. En su postura, el organismo sostuvo que “el acuerdo de operación y mantenimiento de transmisión y distribución es el contrato más importante de la AEE y es central a su reorganización”. Además, advirtió que regresar las operaciones a la antigua AEE sería “inaceptable y contrario a la ley y a la política pública”.
El gobierno, por su parte, insistió que “en ningún momento” ha procurado devolver el sistema a manos públicas y reafirmó su compromiso con el modelo de alianzas público privadas como eje de la transformación energética del país.
Alex Figueroa Cancel colaboró en esta historia.
