El Tribunal Supremo declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración presentada por la empresa Cobra Acquisitions, que buscaba que el alto foro revisara la demanda de 12 municipios por el pago de arbitrios de construcción y patentes relacionados con los trabajos de restauración eléctrica tras el huracán María.
Según la resolución emitida el 12 de diciembre, el panel de jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón, Camille Rivera Pérez y Rafael Martínez Torres —quien presidió— rechazó la petición. En menos de 24 horas, la compañía volvió a pedir una nueva reconsideración, considerada su último intento ante el Supremo.
Hace siete años, 13 municipios demandaron a Cobra por el pago de patentes y arbitrios. En su primer pedido de reconsideración, la empresa sumó a su equipo legal al presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Ramón Rosario, y al ex juez asociado Edgardo Rivera García. Rosario explicó que Cobra busca que el Supremo emita una posición definitiva, ya que existen varios litigios con la misma controversia y los tribunales inferiores podrían emitir fallos contradictorios.
El Nuevo Día intentó obtener comentarios de los alcaldes involucrados o sus abogados, sin éxito. El 23 de octubre, el Supremo había resuelto “no ha lugar” un recurso de certiorari solicitado por Cobra. En su reconsideración del 6 de noviembre, la empresa alegó que está exenta de esos pagos bajo la protección legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que cumplir con ellos afectaría la tarifa eléctrica.
De los municipios demandantes, solo Maunabo ha concluido su caso y prevalecido en el Supremo, aunque falta determinar la cuantía final de las patentes. La reconsideración más reciente de Cobra se presentó contra Salinas, Guayama y Humacao, pero su efecto se extiende a Caguas, Guaynabo, Yabucoa, Ceiba, Arroyo, Las Piedras, Gurabo, Utuado y Patillas, cuyos casos aún esperan sentencia.
En julio del año pasado, la Junta de Gobierno de la AEE —por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal— acordó pagarle a Cobra la mitad de los cerca de $400 millones adeudados luego del paso del huracán, de un total de $1,300 millones facturados. La jueza federal Laura Taylor Swain ratificó el pago como parte del Plan de Ajuste bajo el Título III de la ley Promesa.
En respuesta, los alcaldes de Humacao, Yabucoa, Naguabo, Guayama, Cayey, Las Piedras y Caguas apelaron la decisión ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que aún no se ha pronunciado.
