La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó que las demandas radicadas por el gobierno de Puerto Rico para poner fin al contrato de LUMA Energy sean atendidas en el Tribunal Federal en San Juan, bajo el proceso de quiebra que dirige la jueza Laura Taylor Swain.
En una moción presentada el lunes, la JSF argumentó que el foro correcto es el del Título III de la Ley PROMESA, e indicó que se opondrá a cualquier intento de devolver el caso al tribunal estatal. La entidad coincidió con la postura de LUMA Energy, que también pidió mover las demandas al foro federal.
Según la JSF, sin su consentimiento el tribunal carece de autoridad para otorgar los remedios solicitados, entre ellos la terminación del contrato de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al que describió como uno de los más importantes y propiedad de la corporación pública.
La Junta añadió que las acciones del gobierno podrían interferir con la propiedad del deudor bajo PROMESA y cuestionó la falta de un sustituto identificado para reemplazar a LUMA en caso de anular el contrato. Afirmó que la transición de la operación eléctrica a manos privadas ha sido una directriz esencial desde 2018 y un pilar en todos los planes fiscales certificados.
El organismo indicó que no tiene conocimiento de que la Autoridad de Alianzas Público Privadas haya iniciado un proceso competitivo para contratar a otro operador. Además, advirtió que devolver las operaciones de transmisión y distribución a la AEE sería “inaceptable y contrario a la ley y las políticas públicas”.
La JSF sostuvo que solo el Tribunal Federal de Título III puede coordinar una modificación o posible terminación del contrato, y evitar “caos y catástrofe” en el proceso de reestructuración de la AEE. Recalcó que este foro tiene jurisdicción exclusiva sobre todos los bienes de la corporación.
Por su parte, el gobierno de Puerto Rico pidió que el caso regrese al tribunal estatal, argumentando que Swain ya había desestimado una demanda previa de LUMA. Señaló que tanto la Autoridad de Alianzas Público Privadas como la gobernadora Jenniffer González “están tomando medidas enérgicas” para responsabilizar a LUMA por sus fallas en el servicio.
El Ejecutivo planteó que las querellas buscan determinar si fue válida la prórroga del contrato y sus consecuencias bajo la ley estatal de alianzas público-privadas, y acusó a LUMA de querer evadir la supervisión del tribunal local. También rechazó que desee retornar las operaciones a la AEE, insistiendo en que la anulación del contrato permitiría seleccionar a un nuevo operador privado “responsable y eficiente” para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
