Un gran jurado federal acusó a ocho mujeres de participar en un esquema para obtener ilegalmente $619,923 en beneficios de desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
Según el pliego acusatorio, emitido el 17 de diciembre, las imputadas utilizaron información de identificación falsa, datos de terceros y detalles fraudulentos sobre historiales de empleo para lograr los pagos. La investigación identifica como figura central a Luz Garay-Osorio, entonces empleada del DTRH, quien presuntamente aprovechó su posición para alterar el sistema interno y así hacer elegibles a familiares y allegados. Estos recibieron beneficios tanto del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA) como del Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA).
Garay-Osorio habría radicado reclamaciones fraudulentas, fabricado historiales laborales, modificado información y emitido determinaciones monetarias y no monetarias. Además, habría utilizado identidades ajenas para que los pagos se dirigieran a sus cómplices, entre ellas familiares. La acusación señala que recibió aproximadamente $142,507 en sobornos a través de transferencias bancarias, giros postales y otros mecanismos financieros.
Las coacusadas fueron identificadas como Glenda Garay-Osorio, Tatiana Skerrett-Garay, Ariana Skerrett-Garay, Dayanara Aquino-Garay, Nashaly Vega-Garay, Almarys de Jesús-Garay y Mariela Cabrera-Vistel. Todas habrían recibido sumas variables de dinero, parte del cual fue transferido a la cuenta bancaria de Garay-Osorio.
La exempleada del DTRH y Cabrera-Vistel enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero y robo de identidad agravado. De ser halladas culpables, las acusadas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por conspiración y robo de fondos gubernamentales. Garay-Osorio también se expone a 20 años de cárcel por fraude postal y a una sentencia obligatoria adicional de dos años por robo de identidad agravado.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con nuestras contrapartes estatales y federales, continuará responsabilizando a quienes intenten explotar beneficios federales para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados con fondos públicos”, expresó en declaraciones escritas el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.
Según la fiscalía federal, Garay-Osorio es la novena empleada del gobierno acusada o convicta de delitos federales de corrupción desde 2024.
