El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el viernes al Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia que bloquee una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump, relacionada con el supuesto incumplimiento de una orden judicial que exigía devolver al país aviones que trasladaron migrantes venezolanos a El Salvador en marzo.
Además, el departamento pidió que se aparte del proceso al juez principal James Boasberg, a quien acusa de llevar a cabo una “campaña radical, vengativa e inconstitucional” contra el gobierno de Trump. Funcionarios de Justicia señalaron que Boasberg actúa de manera tendenciosa y está “creando un circo que amenaza la separación de poderes y el privilegio abogado-cliente”.
El caso ha intensificado las tensiones entre el Departamento de Justicia y el juez, designado por el presidente demócrata Barack Obama. La agencia busca una resolución antes del lunes, cuando Boasberg tiene previsto escuchar el testimonio de Erez Reuveni, un exabogado del gobierno que denunció irregularidades relacionadas con la deportación de los migrantes.
Boasberg afirmó que un fallo del tribunal de apelaciones le da autoridad para continuar con la investigación por desacato y determinar si hay bases para presentar cargos. Según el magistrado, el gobierno de Trump podría haber actuado “de mala fe” al acelerar las deportaciones en desafío a una orden judicial que las bloqueaba. Incluso recordó que 137 hombres habrían sido enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde presuntamente sufrieron abusos y posibles actos de tortura.
En su defensa, el gobierno de Trump argumentó que la orden del 15 de marzo fue verbal y no se incluyó en el documento escrito emitido por el juez. Boasberg, por su parte, sostuvo que ha dado “amplias oportunidades” a la administración para explicar sus acciones, sin recibir respuestas satisfactorias.
En redes sociales, la secretaria de Justicia Pam Bondi acusó a Boasberg de protagonizar un “activismo judicial sin ley” y afirmó que “esta campaña radical, vengativa e inconstitucional contra el gobierno de Trump no prevalecerá”.
El juez, sin embargo, mantuvo las audiencias programadas para la próxima semana, que incluyen el testimonio de Drew Ensign, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia. También deberá comparecer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien reconoció haber decidido no devolver los aviones tras recibir asesoría legal interna, lo que Boasberg consideró una explicación “superficial”.
El Departamento de Justicia concluyó en su presentación judicial que “esta larga saga nunca debió haber comenzado” y calificó el caso como un “conflicto interinstitucional indecoroso e innecesario”.
