La política migratoria de tolerancia cero del presidente Donald Trump separó a más de 5,000 niños de sus familias en la frontera con México durante su primer mandato. Casi un año después del inicio de su segunda administración, los cruces fronterizos han caído a mínimos históricos, pero las medidas de control migratorio continúan dividiendo a familias dentro de Estados Unidos.
Funcionarios federales y cuerpos policiales asociados detienen a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes, quienes son trasladados o deportados tras pasar semanas o meses en condiciones difíciles. En noviembre, el gobierno federal mantuvo en detención a más de 66,000 personas, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Durante su primera administración, miles de familias fueron separadas a la fuerza y el gobierno tuvo dificultades para ubicar a los menores debido a la falta de conexión entre sus sistemas informáticos. Hoy, muchos padres son arrestados dentro del país y pasan largos periodos sin poder reunirse con sus hijos. Según el principal asesor fronterizo de Trump, Tom Homan, “vamos a seguir haciéndolo, a toda velocidad”.
La situación ha dejado profundas huellas en familias migrantes. Tres de ellas contaron a The Associated Press el impacto de estas políticas: Antonio Laverde, venezolano detenido en Florida pese a vivir legalmente con su esposa e hijos refugiados; Yaoska, una nicaragüense cuyo marido activista fue deportado mientras ella quedó bajo vigilancia permanente; y Edgar, guatemalteco deportado tras más de dos décadas en Estados Unidos, que dejó a su esposa Amavilia sola con dos hijos pequeños y sin ingresos.
Laverde fue arrestado por error, según su esposa Jakelin Pasedo, cuando agentes federales buscaban a otro sospechoso. Tras tres meses detenido en el Broward Transitional Center, pidió regresar a Venezuela, mientras Pasedo teme volver por razones políticas y trabaja limpiando oficinas para sostener a sus hijos.
Yaoska y su esposo huyeron de Nicaragua en 2022 y se establecieron en Miami. Sin embargo, él fue detenido durante una cita con inmigración y deportado tras pasar tres meses en el centro de Krome. Ella, embarazada y con dos hijos, vive con miedo e incertidumbre, aunque cuenta con un permiso de trabajo válido hasta 2028.
En tanto, Edgar fue arrestado en Homestead, Florida, por una orden de 2016 por conducir sin licencia. Tras su deportación en junio, Amavilia quedó con el alquiler impago y ahora sobrevive vendiendo comida y dulces caseros mientras cuida a sus hijos.
Estas historias reflejan el costo humano de las políticas migratorias estadounidenses y las profundas divisiones familiares provocadas por las detenciones y deportaciones masivas, que dejan tras de sí miedo, pobreza y esperanza incierta.
