La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico ha tomado la decisión de derogar el reglamento que exigía el escaneo de furgones, lo que representa un cambio significativo en la política de seguridad portuaria de la isla. Esta medida, anunciada por la gobernadora Jenniffer González Colón, se enmarca en un esfuerzo por optimizar recursos y mejorar la efectividad de la seguridad en las instalaciones portuarias. El reglamento vigente, conocido como Reglamento 8837, fue implementado en 2016 y, según informes, ha costado a los consumidores alrededor de $11 millones al año sin demostrar resultados concretos en términos de incautaciones de contrabando, según El Diario.
Ahorro significativo para los consumidores
La derogación del escaneo de furgones, que se prevé formalizar antes del 25 de agosto de 2025, permitirá un ahorro considerable para los consumidores y para la Autoridad de los Puertos. La Ley 126-2026, firmada recientemente por González Colón, establece que este sistema de escaneo no ha cumplido con su objetivo original de mejorar la seguridad. En su exposición de motivos, la ley señala que el proceso de escaneo ha sido más costoso que efectivo, lo que justifica su eliminación.
Además, la Autoridad ha señalado que el sistema de escaneo fue adoptado bajo la Ley 12 de 2008, la cual ya ha sido derogada. Este cambio se produce en un contexto donde el gobierno busca implementar medidas más efectivas y realistas para garantizar la seguridad en los puertos, como lo establece la nueva legislación.
Proceso de derogación y comentarios del público
La Autoridad de los Puertos abrirá un período de 30 días para que las partes interesadas presenten sus observaciones sobre la derogación del reglamento. Este proceso es parte de la transparencia y la participación ciudadana que se espera en la toma de decisiones que afectan a la economía y la seguridad del país. Norberto Negrón Díaz, director ejecutivo de la Autoridad, ha enfatizado que este cambio es una medida de vanguardia que permitirá avanzar hacia un sistema más eficiente y menos costoso para todos los involucrados.
La Ley 126-2026 también se presenta como un paso hacia la creación de un entorno más seguro en las instalaciones portuarias, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la competitividad de Puerto Rico en el comercio internacional. Según Negrón Díaz, "La Ley 126-2026 es una de avanzada, dirigida a fortalecer, de forma real, la seguridad en nuestras instalaciones portuarias".
Este cambio en la política de escaneo de furgones refleja un giro en la forma en que Puerto Rico maneja la seguridad y la economía en sus puertos, buscando siempre el bienestar de los consumidores y la eficacia en el uso de los recursos públicos.
Fuentes: eldiario.pr, El Vocero, NotiCel
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