Un gran jurado federal presentó siete cargos contra tres agentes de la Policía de Puerto Rico por violaciones a derechos civiles, conspiración para falsificar documentos y mentir a autoridades federales.
De acuerdo con la Fiscalía federal, los acusados son Luis A. Nieves Colón, Ángel R. Giusti Rosa y Alberto Betancourt Aponte. Los cargos se derivan de un incidente ocurrido el 7 de marzo de 2023 en el residencial Sabana Abajo, en Carolina.
La acusación sostiene que Nieves Colón habría utilizado “fuerza irrazonable que resultó en lesiones corporales durante el arresto, en violación a derechos civiles”. Además, del segundo al sexto cargo se les imputa haber falsificado y conspirado para falsificar los informes de Uso de la Fuerza de la Policía de Puerto Rico y otros documentos, con el fin de obstruir una investigación bajo la jurisdicción del FBI.
El pliego también alega que los tres agentes omitieron a sabiendas el hecho de que un oficial había golpeado a la persona identificada como J.C.F.G., y crearon narrativas falsas sobre lo ocurrido durante el arresto.
El séptimo cargo acusa a Betancourt Aponte de haber realizado una declaración falsa al FBI durante una entrevista el 14 de noviembre de 2025, al negar conocimiento del uso de fuerza en el arresto de marzo de 2023.
“El gran jurado alega que estos actos privaron a la víctima de sus derechos y atentaron contra la integridad del sistema judicial”, expresó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. “La gran mayoría de los agentes sirven con honor, pero cuando abusan de su autoridad, dañan la confianza pública”, añadió.
Por su parte, Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo del FBI en Puerto Rico, afirmó que “estos arrestos son un ejemplo de que nadie está por encima de la ley; ni siquiera quienes la hacen cumplir pueden falsificar registros ni evadir la justicia”.
Rodríguez exhortó a la ciudadanía a compartir información sobre este u otros delitos federales de manera confidencial a través del portal tips.fbi.gov o llamando al 1-800-CALL-FBI.
El caso reafirma los esfuerzos conjuntos entre el FBI y la Fiscalía federal para combatir la corrupción y garantizar justicia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
